Caso Koldo | Santos Cerdán Recurre Al Jefe de la Uco al Queire Díez Buscó Desprestigiar Para Intentar anular la causa en su contra
Los giros de guion que depara la actualidad española hace tiempo que superan a la ficción. En uno de ellos, la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado que declare como testigo el teniente coronel Antonio Balas en la causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por la presunta corrupción en la adjudicación de obra pública que se investiga en el llamado caso Koldo.
Precisamente uno de los abogados de Santos Cerdán es Jacobo Teijelo, en cuyo despacho se oyó a la exmilitante socialista Leire Díez maniobrar para tratar de desacreditar al mando al frente de la investigación de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De hecho, un juzgado de Madrid la ha citado a ella como imputada y a él como testigo para aclarar estos hechos, que van en la misma línea que la solicitud de su testimonio.
En el escrito de petición de diligencias que acompaña a su última solicitud de libertad, adelantada por EL PERIÓDICO, la defensa de Santos Cerdán argumenta que ha detectado «trasvases injustificados de información» entre distintas causas en cuya investigación ha participado activamente el mando del instituto armado. En concreto, menciona la relativa al fraude en los hidrocarburos por el que se sospecha que el comisionista Víctor de Aldama eludió el pago de 182 millones de euros, investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5: las diligencias que se abrieron en los jugados madrileños de Plaza de Castilla por la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en 2020, y el propio caso Koldo.
«El objeto de esta declaración fundamentalmente es saber la delimitación temporal y procedimental de los materiales informativos con los que se ha trabajado para la elaboración del oficio de 5 de junio», informe con el que se dirigió la causa contra Cerdán, para saber si «se limitaron a materiales obtenidos durante el periodo de investigación de las diligencias del Juzgado Central 2» o de todas las otras causas, ya que, a juicio de la defensa, «se detectan y así consta en las actuaciones, trasvases injustificados de información entre todos estos procedimientos«.
La defensa, que destaca que Balas asistió en persona al registro de la empresa Servinabar, cuya titularidad se atribuye en parte a Cerdán y en la que se sitúa el origen de la trama de corrupción, también solicita que declare el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por proporcionar móviles a la trama, así como sus superiores y subordinados y los agentes que han participado en la redacción de informes periciales sobre el patrimonio de los imputados.
Relaciona que Villalba proporcionó móviles a Koldo García con las grabaciones de sus conversaciones que se han encontrado en sus dispositivos y en discos duros que guardaba. Pese a admitir que el propio Koldo ha negado en televisión ser autor de esos audios, los abogados de Cerdán argumentan que «no puede restringirse el derecho a la intimidad cuando una persona actúa con ánimo de engaño como ‘cuasipolicía’ o larga mano de la policía» o, como considera «evidente (…) bajo la dirección policial», lo que haría que se tratara de «una prueba absolutamente nula».
Visitas e instrucciones
Teijelo y Benet Salellas también reclaman la relación de visitas que recibió Aldama en prisión «dado el carácter pactado y abiertamente falso de la declaración» que prestó ante el juez Moreno en la que afirmó haber entregado 25.000 euros a Cerdán. Con ello pretenden «determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración».
La defensa sostiene que Aldama mintió para salir de prisión, porque «sus ingresos no proceden de contrataciones de obra pública -ilícita o lícita- y por lo tanto relacionados con el objeto de la presente investigación, sino del fraude de IVA en petróleo, del que según la fuerza actuante y la Agencia Tributaria llega a obtener hasta 182.000.000 de euros, parte de cuyo dinero es con el que trata de sobornar al señor Ábalos para que cambie de posición el Gobierno de España en favor» del expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó.
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