En medio de un intenso debate, el proyecto presentado por el ministro Juan José González Alcántara para anular parte de la reforma judicial enfrentó a los diputados federales. Este debate culminó con la aprobación del dictamen que impediría a los tribunales cuestionar los cambios legislativos a la Constitución, evitando así cualquier control por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La oposición criticó esta medida, afirmando que socava la progresividad y la garantía de los derechos humanos, y también señaló a los partidos PAN, PRI y PRD de ser «el partido del Poder Judicial». Acusaron a la coalición oficialista de violentar la legalidad de los procedimientos al modificar de manera urgente los artículos 105 y 107 para evitar que la Corte invalide la elección de jueces y magistrados.
Con 30 votos a favor, los representantes de Morena, PT y PVEM lograron aprobar el decreto enviado por los senadores, y se espera que sea sometido al pleno de los diputados en las próximas horas, con la posibilidad de ser aprobado hoy martes. Esto aceleraría también la aprobación posterior por parte de los congresos estatales, lo que podría llevar a la entrada en vigor de la imposibilidad de impugnación el jueves próximo.
En medio de esta discusión, representantes de diferentes partidos expresaron sus posturas. El diputado de Morena, Hugo Eric Flores, defendió la reforma y criticó el proyecto que analizarán los ministros. Por otro lado, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, cuestionó la urgencia de la medida, mientras que la diputada del PVEM, Ruth Marisela Silva, señaló que están respondiendo al mandato del pueblo.
Por otro lado, se reveló un error técnico que dejó fuera a tres juzgadoras interinas de futuras elecciones. Estas juzgadoras solicitaron formalmente al Senado considerarlas como titulares para evitar esta situación de desigualdad en la que se encuentran.
El director de Strategia Electoral, Arturo Espinosa, advirtió que no acatar la resolución de la SCJN sobre la reforma judicial podría llevar a una crisis constitucional, ya que implicaría desacatar una determinación de un Poder. Esta situación representa un escenario incierto e inexplorado si el Congreso no respeta la posible invalidación por parte de la Corte.
