En el inicio de los llamados diálogos nacionales para la reforma judicial, con 35 participantes de legisladores, jueces, consejeros de la Judicatura, magistrados y los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres fue la más ovacionada por una asistencia mayoritariamente morenista.
Al grito de “¡Bravo, ministra del pueblo!”, los diputados de la coalición oficialista se prendieron cuando la más recién integrante de la Corte hizo suya la propuesta del presidente López Obrador de que los futuros juzgadores sean definidos por voto popular.
Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”, dijo la ministra Batres.
Afín a la 4T, la ministra Loretta Ortiz puso énfasis en la selección.
Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección ineludibles basados en el mérito”, dijo.
Ocho de los 11 ministros de la SCJN advirtieron de los riesgos de que la elección en las urnas destruya lo construido por generaciones, al igual que el sistema de méritos en el que se sustenta la carrera judicial y la certeza que éste ofrece a los inversionistas.
Didáctica, la ministra Margarita Ríos-Farjat parecía que estaba frente a un grupo de estudiantes. “Una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar verdaderamente orientada a resolver problema; no según la ilusión, sino la realidad. No desarreglar lo que funciona; es decir, no crear problemas. Ser barata e implementarse con sencillez”.
Era evidente que el ministro Laynez tenía un muy buen humor, que no perdió al momento de dirigirse a los diputados y senadores en la mesa ovalada del salón de la Cámara de Diputados, donde por primera vez en la historia las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión escucharon a los ministros: “Me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
Un poco más serio, el ministro Juan Luis González Alcántara, de quien el doctor Jorge Carpizo, exministro de la Corte, expresaba elogios, por su apego a los criterios jurídicos y lo ponía como ejemplo de un buen juez, ayer les pidió a los legisladores federales reflexionar sobre el impacto negativo de legislar para politizar la formación de los jueces y, por tanto, la impartición de justicia. “La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos”, planteó.
Quizá por la cercanía de su retiro como ministro de la Corte, porque en unos meses vence su cargo, el ministro Luis María Aguilar habló de lo importante de la carrera judicial, desde la historia de su vida. Y aunque en las sesiones del pleno de la Corte, es un férreo defensor de los criterios constitucionales, por encima de las consideraciones políticas, ayer se mostró abierto a que se utilice la elección directa para decidir los puestos de los juzgadores, pero aclaró que sí y sólo sí esté acompañado de la carrera judicial.
Admitieron los ministros que al acatarán la decisión del Congreso, se pronunciaron por cuidar la selección de quienes sean postulados a los cargos por la vía de la elección popular, enfatizando en la importancia de realizar ese proceso de manera gradual.
Requerimos jueces sobre la elección popular, sí”, planteó la ministra Yasmín Esquivel, quien le dijo coincidir con los propósitos y diagnósticos del Ejecutivo federal. “La elección selectiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes”, detalló.
En el mismo sentido, el ministro Jorge Pardo resumió: “Me permito hacer la sugerencia, en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena prendió las alertas en el tema económico: “Es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió evitar prisas, un diálogo auténtico y que las víctimas sean el centro de la reforma y frontal pidió que la crítica al sistema de justicia se hiciera partiendo de la verdad, con datos ciertos.
Estoy convencida de que, en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
También Norma Piña se llevó un aplauso y un susto, cuando de pronto la diputada trans, María Clemente, se acercó a ella, se colocó a su espalda y levantó un cartel mientras gritaba “este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane, por culpa de jueces corruptos cada vez crece la transfobia que se ha incrementado este año en 50%. La población trans está en favor de esta reforma.
Así, María Clemente rompió el acuerdo de no agresión a los ministros, pero los morenistas lograron sacarla del salón.
Esperaba la ministra Piña ser la última en la ronda de posicionamientos, pero Morena tenía un invitado especial que cerró la jornada, su antecesor Arturo Zaldívar, quien también se llevó las palmas de los representantes de Morena cuando cuestionó a sus excompañeros por haber actuado, dijo, en favor de la oligarquía, la oposición y la comentocracia.
“NO ES UN MONOPOLIO EN MÉXICO”
La ministra presidenta Norma Piña dijo que como resultado del ejercicio de escucha en los últimos cuatro meses la construcción de la llamada Agenda Nacional de Seguridad y la Justicia ha concluido que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial.
La justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, definió.
Bajo esa premisa, dijo que pensar en una reforma implica reflexionar sobre el papel que desempeña “como piedra angular para mantener la paz y la cohesión”, resolviendo de manera imparcial e independientemente de los conflictos que surjan.
Al reconocer que las circunstancia exigían ser críticos con la justicia, pidió Norma Piña que, al hacerlo, “se encuentre en el centro de ésta las necesidades de las víctimas”.
Definió que éstas requieren personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.
Y remarcó que en ese ejercicio crítico se proceda con sustento en la verdad, en “los datos ciertos” y “las cifras correctas valoradas en su contexto”.
Habló de criticar con honestidad y responsabilidad de Estado.
Se pronunció por un diálogo real, para lo cual, enfatizó, “se requiere voluntad de reflexión”.
He hizo un llamado a los legisladores: “Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
EN RIESGO, LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, DICEN
El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses”, aseguró el ministro Javier Laynez Potisek.
El ministro hizo una defensa abierta de todos los integrantes del Poder Judicial y dijo que no son corruptos.
La jueza de Chihuahua que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida; los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año; el juez de Oaxaca que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental; la jueza de Tlaxcala que reconoció el acoso laboral de la trabajadora.
Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejado de la sociedad, como no lo está también el Ejército, ahora, de jueces capacitados especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que, votado por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina”, sostuvo.
Añadió que “hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que éstos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional. Discúlpenme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
LLAMA A TENER INSTITUCIONES SÓLIDAS
La ministra Margarita Ríos- Farjat alertó al Poder Legislativo que se debe “tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida. Se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que ese menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quienes tienen menos”.
La ministra consideró que “esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados. Tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo, democrático y además, en respetuosa colaboración entre poderes. Razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto”.
Ríos-Farjat planteó que para hablar del Poder Judicial, es necesario recordar que existe el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los estados; que hay tribunales en materia agraria, administrativa y laboral; que las personas confunden a las fiscalías, procuradurías, defensorías, sistemas de justicia, comisiones de derechos humanos, grupos de búsqueda de personas, atención a víctimas con el Poder Judicial, y no es así.
Planteó a senadores y diputados que “una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar verdaderamente orientada a resolver problema; no según la ilusión sino la realidad. No desarreglar lo que funciona; es decir, no crear problemas. Ser barata e implementarse con sencillez”.
Y planteó siete propuestas para el mejor funcionamiento del sistema judicial, no sólo federal, sino estatal.
Por Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
INDEPENDENCIA JUDICIAL, VITAL PARA LA ECONOMÍA
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena definió que la independencia del Poder Judicial es fundamental para el desarrollo de la economía nacional.
¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”, argumentó.
Advirtió que el mal diseño de un modelo de elección de jueces y magistrados por voto popular tendría un impacto económico, generando lo que denominó “una subasta de juzgadores”.
Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”, advirtió durante su participación en la inauguración de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, en la Cámara de Diputados.
Alertó que la incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas.
El ministro se refirió a los riesgos de “exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar”.
Planteó que la percepción de que el sistema judicial no es imparcial “puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico”.
Planteó que, frente a éstos riesgos, se cuenta con la profesionalización de la función judicial mediante la capacitación permanente con una Escuela Judicial autónoma, garantizando que la función de los juzgadores.
Defendió la remuneración justa, el plan de retiro digno, beneficios que consideró como remuneraciones que atraen a los mejores perfiles y retienen a los talentos jurídicos que garantizan la estabilidad y continuidad del sistema judicial.
Asimismo, la profesionalización de los litigantes y el fortalecimiento de las defensorías públicas.
Por Ivonne Melgar, Leticia Robles de la Rosa y Ximena Mejía.
LENIA BATRES PIDE VOLVER A ANTES DE 1994
Con el discurso de que el Poder Judicial le ha cerrado las puertas a la ciudadanía y se las ha abierto al tráfico de influencias, la
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