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La oficina de la diputada Myrna Grimaldo en la zona del Tecnológico de Monterrey es clausurada+.

La oficina legislativa de la diputada Myrna Grimaldo fue suspendida temporalmente por personal de la Secretaría del Trabajo. Las imágenes del sello de suspensión colocado en la puerta de su oficina circularon por redes sociales. Aunque se desconoce la ubicación exacta de su oficina de enlace, se ha mencionado que se encuentra en la zona del Tecnológico de Monterrey.

No es la única legisladora que ha experimentado esta situación, ya que al menos otros cuatro diputados del PRIAN han denunciado haber sufrido la clausura de sus oficinas de enlace por parte de dependencias estatales desde enero. La diputada Grimaldo se suma a ellos.

Cabe destacar que el pasado 30 de junio, el diputado del PAN también denunció la suspensión de sus oficinas en el centro de San Nicolás por la misma dependencia estatal. En las redes sociales, compartió imágenes de su trabajo en el exterior de las mismas.

El 1 de junio, el priista Francisco Cienfuegos anunció que el edificio Kalos, donde se ubican sus oficinas, había sido clausurado por Protección Civil. Esto ocurrió horas después de que acusara al gobernador Samuel García de una persecución política en su contra.

Al día siguiente, el 2 de junio, las diputadas Perla Villarreal y Alhinna Vargas, de los partidos PRI y PAN respectivamente, informaron que su oficina de enlace en el Centro de Monterrey había sido cerrada sin previo aviso por Protección Civil del Estado.

A finales del mismo mes, el 29 de junio, el diputado panista Eduardo Leal denunció el cierre de un negocio familiar en el municipio de Allende, argumentando que se alegaba que había menores trabajando en el lugar.

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Además, en febrero de este año, la Secretaría de Salud también cerró un negocio perteneciente a familiares directos de la diputada Villarreal. Esto se suma a otros dos negocios que ya habían sido clausurados anteriormente.

Estos incidentes generan preocupación sobre posibles irregularidades en las acciones de las dependencias estatales y plantean interrogantes sobre la protección de los derechos de los legisladores.

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