Por más que existe una suspensión oficial, la empresa Complex Químicos, ubicada en un parque industrial del municipio de García, Nuevo León, continúa operando. El caso ha encendido una nueva confrontación institucional: el alcalde Manuel Guerra Cavazos acusa que el municipio no tiene facultades suficientes para frenar la actividad y señala directamente a autoridades estatales y federales por la falta de ejecución.
“Nosotros como municipio estamos limitados. Ya hay una suspensión del Estado, pero si no se hace cumplir, no tenemos cómo detener completamente la operación”, expresó el edil.
La declaración no es menor. En el fondo, expone una de las principales grietas del sistema ambiental en México: la diferencia entre sancionar y hacer cumplir las sanciones.
Una suspensión que no se respeta
De acuerdo con reportes recientes, la empresa habría sido suspendida por autoridades estatales tras detectar posibles irregularidades ambientales, entre ellas emisiones que han generado molestias entre habitantes cercanos al parque industrial.
Sin embargo, vecinos y monitoreos posteriores señalan que la operación continuó, lo que apunta a un posible desacato. La situación ha derivado en quejas constantes por olores químicos en la zona, un patrón que suele ser uno de los primeros indicadores de emisiones no controladas en instalaciones industriales.
Este tipo de escenarios no es aislado. En México, la ejecución de clausuras o suspensiones suele depender de inspecciones constantes y presencia física de autoridades, lo que abre la puerta a reactivaciones irregulares cuando la vigilancia disminuye.
El límite municipal: cuando la autoridad más cercana no puede actuar
El caso también revela un problema estructural: los municipios son la primera línea de contacto con la ciudadanía, pero no siempre tienen las herramientas legales para intervenir en industrias de competencia estatal o federal.
En este contexto, Guerra Cavazos lanzó un exhorto directo al gobernador Samuel García, así como a autoridades ambientales, para que “hagan su trabajo” y aseguren el cumplimiento de la suspensión.
El llamado se extiende también a instancias federales como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que tienen atribuciones para clausuras definitivas, sanciones mayores y procesos legales en casos de incumplimiento.
Un patrón que se repite en García y la zona metropolitana
El municipio de García —y en general la zona metropolitana de Monterrey— ha enfrentado en los últimos años una creciente presión ambiental derivada de su expansión industrial.
No es la primera vez que ocurre un caso similar. En 2025, autoridades estatales suspendieron empresas por descargas contaminantes al río Pesquería, luego de denuncias públicas que evidenciaban afectaciones ambientales. En aquel momento, también se cuestionó la rapidez y consistencia en la aplicación de sanciones.
A nivel nacional, organizaciones ambientales han documentado que una proporción significativa de las sanciones administrativas no se traduce en cierres efectivos o cambios estructurales en las empresas, lo que genera ciclos de incumplimiento recurrente.
Más allá del caso: el problema de fondo
El conflicto con Complex Químicos no solo gira en torno a una empresa. Pone sobre la mesa un problema más amplio:
- Falta de coordinación entre niveles de gobierno
- Limitaciones legales de los municipios
- Debilidad en la ejecución de sanciones ambientales
- Percepción de impunidad en el sector industrial
En términos prácticos, la pregunta que queda en el aire es sencilla pero incómoda:
si una empresa puede seguir operando tras una suspensión, ¿qué tan efectiva es realmente la autoridad ambiental?
