Alianza entre criminales y servidores públicos para saquear, investigadas más de 20 organizaciones
En el Estado de México, autoridades han identificado una red de servidores públicos, incluidos trabajadores del Instituto de la Función Registral, que venden información a bandas criminales para despojar casas, departamentos y terrenos.
Según una investigación a la que tuvo acceso Excélsior, los datos se refieren a viviendas abandonadas o con atrasos en el pago de predial. Con esta información, los grupos delictivos se apropian de estas propiedades mediante invasiones o alquilándolas ilegalmente a terceros a un costo menor que en el mercado formal. Además, ofrecen una «garantía» de protección en caso de problemas.
En estas redes también están involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado de México. Incluso, un juez y un secretario judicial se encuentran detenidos por colaborar en un cártel inmobiliario en Nicolás Romero y Coacalco.
La Fiscalía del Estado de México está investigando al menos a dos docenas de grupos criminales dedicados al despojo de propiedades en diferentes zonas de la entidad, desde Valle de Bravo hasta Chalco.
Uno de estos grupos es el llamado «sindicato» 22 de Octubre, relacionado con el asesinato de dos hombres en abril. Además de despojar inmuebles, esta agrupación se dedica a la extorsión y control de bicitaxis para actividades ilícitas.
FUNCIONARIOS Y JUECES IMPLICADOS EN DESPOJO DE BIENES INMUEBLES
Bandas delictivas en el Estado de México, algunas coludidas con empleados de gobierno, jueces y secretarios del Poder Judicial, son responsables del despojo de terrenos, casas y departamentos en la entidad. La Fiscalía tiene identificados al menos a 24 grupos criminales involucrados en esta actividad.
Una de estas bandas, el «sindicato» 22 de Octubre, está relacionada con un hecho violento en Chalco en abril, donde dos hombres fueron asesinados. La principal sospechosa, una mujer de 73 años, fue detenida junto con dos de sus hijos.
La investigación sugiere que Esaú y Justin, las víctimas del asesinato, podrían haber sido parte de la organización criminal. También se encontraron indicios de actividades ilícitas en el domicilio allanado por los Márquez.
La necesidad de vivienda en ciertas zonas del Estado de México ha generado un mercado ilegal inmobiliario en colaboración con funcionarios públicos. Se ha descubierto una red que vende información a bandas criminales para apoderarse de propiedades y ofrecérselas a personas necesitadas a precios bajos, con la promesa de protección en caso de complicaciones legales.
En el pasado, se desmantelaron cuatro redes de un cártel inmobiliario en el Poder Judicial mexiquense, involucrando a un juez y un secretario de juzgado. Estas bandas también operan en municipios como Nicolás Romero y Coacalco.
Se ha detectado que el «sindicato» 22 de Octubre se dedica no solo al despojo de propiedades, sino también a la extorsión y control de bicitaxis para actividades delictivas. Los arrendatarios de estas bandas conocen la ilegalidad de sus transacciones, lo que les otorga impunidad en ciertos casos.
Las prácticas de estas bandas criminales en el Estado de México se asemejan a las implementadas por Antorcha Campesina en el pasado. La influencia del «sindicato» 22 de Octubre se extiende a otras bandas criminales en la entidad, como Gente Delos, Los Mayas y la Familia Michoacana, entre otros.
