Tras 15 años de controversia, el debate sobre la publicidad de alimentos perjudiciales para la salud se encamina hacia su desenlace.

La Corte Suprema Federal deberá decidir si Anvisa puede regular el sector. El lobby de las grandes empresas busca postergar nuevamente la decisión

Una larga disputa que ha durado casi quince años se dirige a su fin. Este semestre, la Corte Suprema Federal (STF) podría evaluar una acción relacionada con la regulación de la publicidad de alimentos en Brasil. El ministro Cristiano Zanin tiene programada una audiencia pública para el 26 de agosto. No obstante, el desenlace sigue siendo incierto.

El foco de esta cuestión es la resolución 24 de Anvisa, resultado de un intenso proceso regulatorio que enfrenta a la industria alimentaria y a organizaciones de defensa de la salud. Esta normativa exige que la publicidad de alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio comunique claramente esta información y advierta sobre los riesgos para la salud, como obesidad y diabetes.

Implementar restricciones en la publicidad podría posicionar a Brasil entre los países que protegen la salud infantil, como ha ocurrido en Chile y México. La resolución, publicada en 2010, ha enfrentado al menos 11 acciones legales y no ha podido implementarse debido a la oposición de la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) y otras entidades del sector publicitario.

Ahora, después de quince años, el STF evaluará la validez de la resolución. Se espera que la Corte decida si Anvisa tiene la autoridad para establecer regulaciones sobre la publicidad de alimentos y medicamentos. Una resolución anterior, la RDC 96 de 2008, también enfrenta cuestionamientos similares.

Ambas regulaciones han sido impugnadas argumentando que Anvisa ha excedido sus competencias, y sólo el Congreso debería legislar sobre estos temas. Eloisa Machado, abogada consultora, menciona que varias acciones han sido presentadas en diferentes instancias, algunas a favor y otras en contra.

Finalmente, los ministros de la Corte tienen la tarea de determinar el futuro de estas normativas, mientras los lobbies de la industria persiguen retrasar o evitar su aplicación demi asegurando que sus intereses sean respetados.