Reforma a la Ley Ambiental de Nuevo León es publicada

En Monterrey, una reforma a la Ley Ambiental estatal fue publicada recientemente en el Periódico Oficial del Estado, la cual amplía los trámites y regulaciones estatales para proyectos empresariales que puedan dañar el medio ambiente.
De acuerdo con el decreto, se han agregado nuevas obligaciones para aquellos que tengan un proyecto de impacto ambiental. Entre las nuevas obligaciones se encuentra la presentación de un informe detallado de la actividad a realizar, los productos a utilizar, medidas de prevención de daños y un plan de acción de contingencia ambiental.
Además, se establece que obras como tratamiento de agua residual, confinamientos de residuos sólidos urbanos, desarrollos inmobiliarios de más de 20 hectáreas, obras en zonas protegidas e industrias riesgosas que no estén bajo la competencia de la Federación estarán sujetas a estas nuevas normas.
Por otro lado, la reforma también amplía los requisitos para solicitar una licencia de funcionamiento para las fuentes fijas de competencia estatal y fuentes de área.
Se establece que las empresas que emitan contaminantes a la atmósfera deben contar con chimeneas o ductos, o instalar un equipo anticontaminante cerrado.
“Los ductos o chimeneas de descarga de emisiones contaminantes atmosféricas, deberán contar con los puertos de muestreo suficientes, además de tener la altura efectiva necesaria para asegurar la presencia de un flujo laminar que garantice que la muestra sea representativa de la emisión para dispersar las emisiones contaminantes.»
En caso de no poder instalar ductos o chimeneas para la descarga de emisiones contaminantes, las empresas deberán contar con un sistema o equipo anticontaminante cerrado, según lo estipula la reforma.
Se ha intentado obtener información más detallada sobre el alcance de este decreto por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.
El pasado 15 de septiembre, se informó que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey implementaría nuevas normas para los negocios que descarguen agua contaminada al sistema de alcantarillado, lo cual ha generado cierta preocupación en la comunidad.



