Anexos ocultos: el lado sombrío de las adicciones que permanece en las sombras.
Anexos clandestinos: abuso y sufrimiento en nombre de la rehabilitación
Excélsior ha obtenido grabaciones en las que el dirigente de una red de presuntos centros de rehabilitación admite tener la capacidad de privar de libertad a una persona por mil pesos e internarla por mil 300 mensuales. Este mismo individuo promocionaba un anexo en Topilejo, donde cinco personas perdieron la vida mientras intentaban escapar en febrero.
A pesar de la magnitud del problema de las adicciones, en México no hay un conteo claro de cuántos anexos o lugares irregulares operan sin permiso, realizando prácticas que atentan contra los derechos humanos, como la tortura y el secuestro.
Estos espacios a menudo se presentan como asociaciones civiles, pero carecen de cualquier licencia sanitaria, supervisión médica o protocolos de atención. Funcionan en la informalidad, bajo esquemas de «ayuda mutua», sin accountability ante autoridades oficiales.
“De un día para otro te llevan, tu vida cambia y terminas encerrado con traficantes y secuestradores”, relató un joven que decidió hablar en anonimato con Excélsior. “El 95% de la gente que estaba ahí se dedicaba a actividades ilícitas”, comentó este egresado de Derecho, quien fue secuestrado hace un año en la Ciudad de México y llevado a un anexo en Hidalgo, donde no tuvo noticia de su familia durante los primeros tres meses.
Reviviendo esa amarga experiencia, relató con voz temblorosa cómo hombres desconocidos lo emboscaron y lo llevaron a una van rumbo al supuesto centro de rehabilitación, donde los maltratos y humillaciones eran la norma. Recordó que fue encapuchado y atado durante el trayecto, que le resultó confuso, y que recibió golpes constantes. Ya en el lugar de internamiento, la violencia y los insultos no cesaron.
Los testimonios como este no son únicos: organizaciones de derechos humanos han documentado prácticas semejantes en al menos 13 estados del país, identificando un patrón sistemático de privación ilegal de libertad, violencia física y negligencia médica en centros sin regulación.
A pesar de que recuerda estos eventos con resentimiento, él no culpa a su madre, quien pagó por su internamiento para restringir su consumo de alcohol.
En México, internar a alguien en contra de su voluntad es ilegal, comentó Amaya Ordorika, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
“La violación de derechos humanos puede modificar la conducta de las personas en muchos aspectos, pero eso no lo justifica ni lo permite la ley”, añadió la funcionaria, cuyo organismo regula 198 centros de ayuda para adicciones.
Muchos familiares recurren a estos anexos por desesperación, al no contar con opciones accesibles ni orientación sobre tratamientos terapéuticos reales. Esto convierte el internamiento en una decisión forzada, impulsada más por el miedo que por apoyo clínico.
Irónicamente, en julio de 2024, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Conasama, reportó únicamente 193 establecimientos para rehabilitación de adicciones en todo el país, la mayoría ubicados en Baja California y Sinaloa. La discrepancia entre los registros federales y locales revela la existencia de anexos ilegales.
“La mayoría de los centros privados para atención de adicciones en la Ciudad de México son de ayuda mutua, es decir, carecen de personal médico. El término ‘anexo’ se utiliza coloquialmente para referirse a internamientos involuntarios”, puntualizó la funcionaria, quien aboga por regular la cantidad de sitios y urge a la población a denunciar los ilegales.
Mil pesos por secuestrar e internar
El 24 de febrero, cinco personas murieron en un anexo en Topilejo, al sur de la Ciudad de México, tras un incendio provocado por internos que intentaron escapar, que desató un denso humo en el lugar, el cual no contaba con ventanas ni salidas de emergencia, solo una puerta de metal separando la recepción de los dormitorios.
Incendio en el anexo de Topilejo donde cinco personas fallecieron durante un intento de fuga.
Nueve personas vinculadas al sitio fueron detenidas, pero nunca se brindó información adicional sobre la red que opera bajo el mismo nombre: Fraternidad Hombres Preparados.
Topilejo no es un caso aislado. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y otras ONG indicaron que incendios, muertes por golpizas y suicidios en centros clandestinos son recurrentes en estados como Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.
La fachada del anexo Fuerza Nacional en Topilejo fue clausurada tras el incendio mortal de febrero.
Excélsior descubrió que el mismo individuo que promovía el anexo de Topilejo continúa operando en al menos otros municipios, como Ocuilan, Estado de México, donde cobra hasta mil pesos por privar a alguien de su libertad para su internamiento. Su nombre es Juan Enrique Ocampo, y en una grabación telefónica obtuvo la certeza de que cobra “mil 300 de ingreso y mil semanales” por el internamiento.
“Ya si vamos por él, serían otros mil pesos”, confesó. “Lo único que haríamos sería forcejear para subirlo al vehículo. Una vez dentro, lo llevaremos agarrando de un pie y de una mano”, aseguró en la llamada donde solicitó mantener a la víctima alejada de la información sobre el plan para evitar su fuga.
La red Fraternidad Hombres Preparados opera en Estado de México, Puebla y Morelos, y se promociona en redes sociales. Su perfil de Facebook, aunque no está registrado en la Ciudad de México o la Conasama, exhibe galerías de fotos de varios anexos, incluyendo el de Topilejo clausurado después del incendio.
A pesar de las muertes y hallazgos, la red sigue activa en línea, sin intervención visible de autoridades sanitarias o judiciales.
El centro de México no es el único que reporta incidentes relacionados. Una de las masacres más preocupantes ocurrió a principios de abril en el centro de rehabilitación Shaddai en Culiacán, Sinaloa, donde también se registró el asesinato del propietario, Guillermo Rodríguez Gaxiola, y ataques a otros tres anexos debido a disputas entre cárteles de droga.
El terror como método de rehabilitación
Solo aquellos que han pasado por anexos conocen la atrocidad con la que operan estos lugares.
Gustavo, un adicto en recuperación entrevistado por Excélsior, ha pasado por siete anexos en diversas partes del país y asegura haber presenciado “medidas disciplinarias” impensables en los peores centros de corrección. Una de ellas se conocía como “los gansitos”.
“Era la mitad de un mango de hacha. Cada vez que te golpeaban te decían ‘recuérdame’. No sé cómo eso ayuda a la recuperación, realmente salí más resentido de esos lugares”, confesó.
Relató que lo más impactante que presenció fue el abuso contra una persona con problemas mentales.
«Un compañero que no debía estar allí por su salud mental fue colocado en el ‘bote chilero’, una lata de chiles con su apertura hacia arriba. Lo dejaron sentado ahí durante tres días, recibiendo golpes, y aún recuerdo cómo ella pedía a su madre”, relató entre suspiros.
Expertos en salud mental advierten que prácticas como el “bote chilero”, el encierro prolongado o la violencia ritualizada no solo son ineficaces, sino que incrementan los riesgos de suicidio, estrés postraumático y violencia hacia otros.
En el norte del país, un joven que decidió compartir su testimonio como “Marco” relató que en un anexo de Mexicali un perro guardián lo atacó, causándole severas lesiones en sus órganos reproductivos.
“Oriné sangre durante una semana y media porque el perro me mordió, y ellos lo consideraban una cura; hasta el director se reía con los demás”, aseveró.
Según Gustavo, los anexos se mueven “por terror”, creyendo que esto evitará que la persona recaiga. Sin embargo, quienes han pasado por estas experiencias coincidieron en que solo encontraron traumas.
“La humillación nunca ha curado a nadie”, comentó una trabajadora social con dos décadas de experiencia en centros certificados.
Por su parte, la actriz, modelo y cantante Carmen Campuzano recordó haber sido testigo de abusos indignos durante su rehabilitación. “Yo vi cómo la ‘lucidez mental’ era recuperada a golpes. ‘¡Pies juntos, vista al frente y manos atrás, culera!’ ¿Eso es dignificar?”, cuestionó.
El diario fue testigo del compromiso de Campuzano, quien dedica su tiempo a impartir charlas motivacionales en centros de rehabilitación, compartiendo sus propias experiencias y aconsejando a quienes buscan salir adelante. Sin embargo, rechaza el término «madrina».
¿Quién atiende las adicciones en México?
La mala reputación de los anexos también ha perjudicado a los centros especializados que operan bajo estrictas normas, que han sido el único método de contención para tratar estas enfermedades durante años.
Incluso los centros certificados enfrentan estigmas similares a los ilegales, desalentando a familias en busca de ayuda genuina. La falta de información clara dificulta diferenciar entre un anexo y un centro terapéutico formal.
Estos lugares reportan una sobrepoblación de adictos, cada vez más difícil de manejar debido a la dependencia extrema generada por el consumo de drogas sintéticas y opioides, indicó Víctor Sánchez, fundador de Clínica Vencer Adicciones en Texcoco, Estado de México.
“No estamos preparados. Este tipo de centros no deberían existir, la responsabilidad recae en el gobierno. En términos de derecho a la salud, el gobierno debe garantizar prevención y tratamiento”, argumentó.
En México, los centros de tratamiento públicos son prácticamente inexistentes, y el gobierno federal solo brinda apoyo financiero a una asociación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esto corresponde al Centro de Integración Juvenil A.C., responsable de la prevención y atención contra adicciones, que posee un presupuesto aprobado para 2024 de más de 900 millones de pesos.
Entre los más de mil centros de rehabilitación activamente en el país, menos del 20% recibe algún tipo de apoyo oficial, la mayoría subsiste con mínimas cuotas de recuperación, donaciones esporádicas o rifas organizadas por las familias.
El resto de los centros y clínicas operan con recursos propios y enfrentan dificultades para cubrir costos, haciendo que su operatividad y mantenimiento sean cada vez más complicados, explicó Sánchez.
“Se requiere apoyo gubernamental, está fuera de control. Todos los gobiernos, sin importar el color, deben intervenir. Se necesita un respaldo real”, concluyó.
La ambigüedad sobre la magnitud del problema de las adicciones a sustancias psicoactivas también es un reto en México. La última Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones se publicó en 2017 con datos de 2016, donde el foco era la marihuana y la edad de introducción a sustancias psicoactivas.
Desde entonces, la situación ha cambiado drásticamente; hoy, las metanfetaminas, el fentanilo y las benzodiacepinas, en combinaciones mortales, han desplazado a la marihuana, muchas veces fuera del radar de la salud pública en la última década.
Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, no se realizó una nueva encuesta nacional. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja en una nueva metodología que permita recopilar datos más precisos sobre drogas adictivas, debido a que la anterior no ofrecía suficiente información para comparaciones.
«Buscamos establecer un esquema que nos dé más información sobre las adicciones en el país para mejorar la prevención y atención”, dijo la presidenta a finales de enero.
Excélsior solicitó información sobre anexos irregulares, sustancias psicoactivas y los avances de la encuesta nacional a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta.
Mientras tanto, el modelo de ayuda mutua de la Quinta Santa María en Huitzila, Hidalgo, se ha mantenido durante 40 años, atendiendo a cientos de personas mensualmente. Sus instalaciones son modestas y su personal se conforma por individuos que han superado procesos de rehabilitación.
“En un año, alrededor de mil personas pasan por aquí. Contamos con capacidad para 83, aunque a veces la demanda nos lleva a incrementar esa cifra. No deseamos hacerlo, pero la presión es alta”, explicó Arturo Enrique Álvarez, director de la clínica, durante una visita por Excélsior.
Este centro prohíbe internamientos forzados y cobra solo 7 mil pesos por 84 días, ofreciendo seguimiento remoto a los recuperados, a menos que se requiera una nueva intervención.
Las tasas de recuperación a nivel nacional son muy bajas. Sin embargo, nuestro centro logra que entre 15 y 18 de 100 personas completen el primer año sin consumir drogas”, concluyó.
Ante la falta de acción institucional y los horrores de los anexos clandestinos, modelos como el de la Quinta Santa María representan una esperanza silenciosa. Sin hacer ruido ni contar con presupuestos públicos, cada día evitan muertes vinculadas al oscuro lado de las adicciones.
¿Conoces a alguien que haya pasado por un anexo? Comparte tu experiencia.
Si sospechas de un centro ilegal, denúncialo: tu voz puede hacer la diferencia.
Comparte este reportaje para concientizar sobre los riesgos de los anexos clandestinos.
