Urge asignar más recursos a ley contra narcos en Estados Unidos para evitar estancamiento

El gobierno de Estados Unidos está persiguiendo la incautación de propiedades y capitales pertenecientes a miembros de nueve carteles de la droga mexicanos, incluido el capo Ismael El Mayo Zambada, quien fue arrestado el 25 de julio y se le quiere decomisar 14 mil millones de dólares en activos adquiridos a través de lavado de dinero por la administración de Joe Biden.
Por otro lado, los legisladores estadounidenses aún no han aprobado la Ley S1271, presentada el año pasado para combatir el fentanilo, que actualmente está detenida en el Congreso estadounidense y no se prevé que se apruebe antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Según Michael Lettieri, cofundador de Mexico Violence Resource Project, la iniciativa no será efectiva en su objetivo de combatir el narcotráfico, ya que aunque se confisquen grandes sumas de dinero a líderes como El Mayo o El Mencho, la demanda de drogas seguirá aumentando y los carteles continuarán creciendo. El enfoque en la lucha no es el correcto, afirma Lettieri.
La iniciativa de ley, presentada por los senadores Sherrod Brown y Tim Scott, tiene como objetivo principal a nueve carteles mexicanos, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Está diseñada para declarar el tráfico internacional de fentanilo como una emergencia nacional, otorgando al presidente estadounidense la autoridad para llevar a cabo expropiaciones y decomisos.
Dentro de la lucha contra el narcotráfico, Lettieri destaca la importancia de fortalecer las fuerzas policiales y asignar más fondos para combatir el lavado de dinero. También hace hincapié en la necesidad de mejorar las capacidades de investigación, inteligencia y políticas públicas enfocadas en la prevención del consumo de drogas.
En cuanto a la Ley S1271, el Congreso especifica que se requiere un informe sobre la dotación de personal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y los esfuerzos para orientar las rutas y modalidades de transporte de drogas, incluyendo la evaluación de la prevalencia del etiquetado y envío de precursores químicos falsos.
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