España paga desde hace 13 años por un almacén de gas inútil que ha causado más de 1.000 terremotos y seguirá afectando hasta 2044.
A 1.750 metros bajo el lecho marino, frente a Vinaròs, hay un almacén de gas que nunca ha vendido ni un solo metro cúbico. Cuatro gobiernos distintos, dos colores políticos y 4.700 millones de euros en total, según la propia orden ministerial de 2017, el Castor sigue ahí: sellado, hibernando y, aun así, generando facturas. La última: 200 millones de euros, con previsión —otra más— de cerrarlos «este verano» y gastar otros 50 millones en desmantelamiento. Sumado todo, la factura pública y de los consumidores ya se acerca a los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria calculó en 2013. Enagás, entretanto, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio de 126,9 millones, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2025.
El origen. La idea ya figuraba en la planificación energética de 2002, bajo gobierno de José María Aznar, aunque se descartó por prematura. En 2006, con Zapatero y Montilla en Industria, Castor pasó a ser «urgente» y «prioritario». La concesión, otorgada por el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo a Escal UGS —66,67% de ACS, el resto de la canadiense Dundee—, incluía una cláusula rarísima en su artículo 4: si la concesión se extinguía, la empresa cobraría el valor de sus instalaciones aunque mediara «dolo o negligencia» por su parte. El decreto, de 30 años de duración prorrogables a otros 20, fue modificado en 2011 para ajustar plazos de puesta en marcha, ya con retraso. El ministro que la firmó, Miguel Sebastián, culpó después a su antecesor, Joan Clos, de habérsela colado.
Lo construido. Escal reutilizó un antiguo yacimiento petrolífero —Shell había extraído allí 56 millones de barriles entre 1975 y 1989— para montar una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros y una planta en Vinaròs bautizada «Ignacio Pérez», en honor al hermano fallecido de Florentino Pérez. Capacidad: un tercio de la demanda española de gas durante 50 días, 1,9 bcm. Para cuando terminó la obra, a mediados de 2012, la crisis ya había hundido esa demanda a la mitad. El almacén nació obsoleto antes de estrenarse.
Los terremotos. Las pruebas de inyección arrancaron en junio de 2013 y dispararon más de 400 microseísmos entre junio y septiembre, con alarma social en Castellón y Tarragona. El 26 de septiembre se paró la inyección; el 3 de octubre, el ministro José Manuel Soria lo confirmó mediante el Real Decreto-ley 13/2014 y calificó de «abusiva» la cláusula de indemnización. Pidió al Supremo que la anulara.
Perdió: el alto tribunal falló a favor de la cláusula el 14 de octubre, once días después. La ciencia nos confirmó el pinchazo: en mayo de 2017, el MIT y Harvard vincularon los temblores con la inyección; un mes después, un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid publicó la confirmación definitiva. «Sismicidad inducida» causada directamente por la presión de la inyección, y «sismicidad disparada» por la reactivación de una falla próxima al aumentar la presión de poros en el subsuelo, algunos de intensidad III en la escala EMS98. Ya van más de 1.000 microseísmos registrados en la zona, por cierto.
El efecto bumerán. Los seísmos también reventaron por dentro a la Administración. En enero de 2015, un juzgado de Vinaròs imputó a 18 personas por prevaricación medioambiental, ninguna de ellas política: técnicos del Instituto Geológico y Minero y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, acusados de no haber evaluado el riesgo sísmico antes de aprobar el proyecto. Teresa Ribera, entonces entonces secretaria de Estado que firmó la declaración de impacto ambiental, tampoco fue imputada.
Resultado: bloqueo generalizado. Nadie firmó nada y redujeron a 5 las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el BOE ese año, frente a 38 en 2015 y 122 en 2009. El atasco afectó a proyectos que nada tenían que ver con el gas: una mina en Extremadura con 400 empleos paralizados 14 meses, o la ronda sur de Málaga, esperando su papeleo ambiental desde 2015.
La indemnización. Un año exacto tras la paralización, el 4 de octubre de 2014, el mismo Gobierno que había llamado abusiva la cláusula pagó a Escal 1.350 millones por decreto urgente, casi lo que la empresa pedía. La factura se repartió entre 7 millones de usuarios de gas, a devolver en 30 años vía recibo. Sumando esos intereses a tres décadas, el cálculo de entonces ya apuntaba a que la deuda del sistema gasista superaría los 4.700 millones.
El giro judicial. En diciembre de 2017, el Constitucional anuló ese decreto: no por el fondo, sino por saltarse el trámite parlamentario sin urgencia real. Pero Santander, CaixaBank y Bankia ya habían adelantado el dinero a Escal. Al caer el decreto, demandaron al Estado directamente. Ganaron en 2020: el Supremo obligó a pagarles los mismos 1.350 millones, repartidos entre Santander (50,94%), CaixaBank (34,05%) y Bankia (15%). Anular la indemnización solo cambió el nombre de quien cobraba. En 2023, además, la CNMC reclamó 368 millones adicionales a cinco firmas —Escal, los tres bancos y también Enagás— por cobros que consideraba indebidos entre 2014 y 2017.
Sin responsables. En noviembre de 2021, la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus directivos del delito medioambiental. En una comparecencia en el Parlament de Catalunya en 2019, Florentino Pérez se declaró «consternado» por la «desgracia» del Castor —apenas «el 1%» de la facturación de su grupo— y aseguró que sin esa garantía estatal nadie habría pujado por un proyecto donde «el Estado asume el riesgo geológico».
Ahora. El almacén sigue en hibernación técnica desde 2014, y sigue generando gasto. En 2019, el Gobierno ordenó desmantelarlo por fases, encargando el proceso a Enagás, que en 2025 ya anotaba en sus cuentas 176 millones pendientes de cobro solo por desmontarlo. La ministra Sara Aagesen dijo que el fin del mantenimiento sería cosa de ocho meses. Estamos en septiembre de 2026 y todavía no se ha desmantelado.
Ormuz y más allá. Blindar a España ante un corte de suministro volvió a las conversaciones desde que Irán bloqueó de facto el estrecho de Ormuz el 28 de febrero de 2026, tras los ataques de EE.UU. e Israel, cortando una vía por la que antes circulaba una quinta parte del petróleo y gas mundial. Seis meses después, el estrecho sigue operando bajo mínimos, con 6.000 marineros varados y un negociador iraní repitiendo que no hay prisa por reabrirlo.
Marruecos, que rompió relaciones con Teherán en 2018 acusándolo de rearmar al Polisario, ha optado por el silencio diplomático y ha cerrado filas con las monarquías del Golfo, dejando a España sin presión añadida por ese flanco, al menos de momento. Pero España no depende de ellos: el 81-87% de lo que compra por gasoducto y GNL llega de Argelia, y sus 17 plantas de regasificación cubren de sobra la demanda incluso en escenarios de corte total.
El balance. Cuatro gobiernos, un decreto declarado inconstitucional que el Estado pagó igual, un proceso penal archivado y una factura milmillonaria, dividida entre el recibo y los presupuestos generales, que sigue activa 13 años después del primer seísmo. Con el petróleo por encima de 91 dólares, pese a la «destrucción de demanda», España sigue pagando por una instalación que nunca llegó a funcionar, un agujero que estaremos amortizando hasta 2044 a través de nuestras facturas, pese a la querella criminal que nunca pareció pesar sobre las cabezas de los organizadores.
Imágenes | EFE
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