La reforma electoral no pasó en San Lázaro. Lo que parecía una ruta clara desde el Ejecutivo terminó frenándose en el Pleno, dejando una señal que en política pesa más que cualquier discurso: los aliados no siempre garantizan la mayoría.
Pero la historia no terminó ahí.
En cuestión de días, el oficialismo reconfiguró su estrategia y logró aprobar una versión acotada: el llamado plan B. Con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones en lo general, y posteriormente con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados avaló reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.
El proceso legislativo concluyó con su validación. Tras ser aprobado por al menos 19 congresos estatales, el Senado de la República emitió la declaratoria de validez y remitió el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, el plan B quedó formalmente consumado.
No es un dato menor. La reforma no desapareció, se transformó.
El plan B introduce ajustes concretos en la estructura del poder público. En el ámbito municipal, establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo criterios de paridad de género y acceso igualitario al ejercicio del poder. En el plano legislativo, fija un límite al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal, además de establecer una reducción progresiva del presupuesto del Senado. Y en materia electoral, impone topes a las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios del INE, los OPLE y los tribunales electorales, alineándolas al marco constitucional.
El objetivo declarado es claro: fortalecer la austeridad republicana, reducir privilegios y reforzar mecanismos de control democrático. Incluso se prevé que los ahorros generados se destinen a fines de interés social.
Pero también es un rediseño que, aunque acotado, toca piezas sensibles del entramado institucional.
Sin embargo, el punto de fondo no está solo en lo que se aprobó, sino en cómo se aprobó.
La reforma original no prosperó porque no logró sostener la cohesión de la coalición gobernante. Morena tuvo el respaldo de su bancada, pero sus aliados, particularmente el Partido del Trabajo, marcaron distancia en aspectos que incidían en su estrategia electoral.
En elecciones intermedias recientes, el PT ha enfrentado escenarios cerrados para conservar el registro. En 2021 obtuvo 3.2% de la votación y en 2015 se ubicó por debajo del umbral mínimo, recuperándolo posteriormente mediante una elección extraordinaria. En ese contexto, cualquier modificación que altere las condiciones de competencia se convierte en un factor relevante para su posicionamiento político.
La política, en ese sentido, es también cálculo de supervivencia.
El plan B es resultado de esa realidad. No es la reforma que se planteó originalmente, sino la que fue posible construir. Se ajustó el contenido, se eliminaron puntos de mayor fricción y se priorizó mantener la unidad de la coalición rumbo a 2027. Más que una victoria legislativa absoluta, fue un acuerdo político que permitió al oficialismo recomponer el rumbo sin romper su base de apoyo.
Y ahí es donde surge la pregunta central: ¿era necesario un plan B?
Desde una lógica política, la respuesta parece afirmativa. Permitió al Ejecutivo evitar una derrota total y mantener activa su agenda. Pero desde una perspectiva institucional, el análisis es más complejo.
Las reformas aprobadas no se agotan en el discurso de austeridad. Tienen implicaciones operativas concretas. El propio decreto establece que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales electorales deberán revisar y adecuar sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para cumplir con los nuevos criterios.
Esto implica ajustes reales en la forma en que se organiza el sistema electoral.
Los OPLE, en particular, serán parte de esa reconfiguración. Son las instituciones encargadas de organizar las elecciones en cada entidad federativa: desde la logística territorial hasta la implementación de sistemas de resultados, pasando por la capacitación, la instalación de casillas y la coordinación con actores políticos locales.
Reducir recursos implica, necesariamente, ajustar capacidades. Y en materia electoral, la capacidad operativa es un elemento crítico.
Cada elección requiere planeación anticipada, despliegue territorial, infraestructura técnica, personal capacitado y mecanismos de coordinación que no pueden improvisarse. En un país con profundas diferencias regionales, estas tareas no son uniformes ni fácilmente replicables, lo que hace aún más relevante contar con instituciones locales con conocimiento del territorio.
Por eso, el debate no puede quedarse en el ahorro.
La pregunta no es solo cuánto se reduce, sino cómo impacta esa reducción en la capacidad del sistema para funcionar con normalidad. Un ajuste presupuestal mal calibrado puede traducirse en presión operativa, en limitaciones técnicas y, en última instancia, en una afectación a la confianza ciudadana.
Y en democracia, la confianza es el activo más importante.
El plan B logró avanzar, pero lo hizo en un contexto de negociación y de equilibrios políticos internos. Su implementación, además, implicará procesos de armonización en las entidades federativas, lo que añade otra capa de complejidad institucional.
Así, la reforma electoral entra en una nueva etapa. No es el rediseño profundo que se planteó en un inicio, sino una transformación acotada, condicionada por la realidad política.
Y en ese escenario, los OPLE no son un gasto más. Son la base operativa de la democracia en lo local. Porque se puede discutir cuánto cuesta organizar elecciones, pero no lo que cuesta perder la confianza en ellas. Y ese es un riesgo que ningún sistema democrático debería asumir.
