México: un país con empleos inestables y persistencia del trabajo infantil

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), cuyos resultados más recientes fueron dados a conocer por el Inegi, abarca diversos apartados; uno de ellos se centra en las condiciones laborales de la población de 12 años y más que ha estado ocupada. Resulta interesante notar que se reportan 64.086 millones de personas realizando actividades que les generaron algún ingreso. Sin embargo, es importante recordar que en México la edad mínima legal para el trabajo infantil es de 15 años.
En este sentido, también es relevante resaltar que de la cifra total, 5.081 millones de personas indicaron que tenían dos trabajos o más; esto representa prácticamente el 8% de la población que trabajó o desempeñó actividades que les proporcionaron ingresos. Hay 15 entidades en el país que superan este promedio, siendo las que presentan los índices más altos: Oaxaca, con 22%; Guerrero, 19.1%; Campeche, 17.1%; Yucatán, 15.6%; Tabasco, 15.3%; Chiapas, 15.2%; Puebla, 11.7%; Michoacán, 10.9%; Veracruz, 10.8%; Nayarit, 10.4% e Hidalgo, con 10.3%.
Por otro lado, según el Inegi, del total de personas de 12 años y más que reportaron ocupación, hay 50.26 millones que lo hacen en trabajos subordinados, lo que significa que tienen un empleador. De este total, se registran 2.78 millones que no recibieron ingresos por su trabajo, lo cual indica que son en su mayoría niñas, niños y mujeres que participan en trabajos familiares productivos, pero no remunerados. Esta cifra equivale al 5.5% del total nacional en esa situación, y hay 13 entidades que superan ese promedio, presentando los peores indicadores: Guerrero, con 25.4% de las personas ocupadas en esta condición; Oaxaca, 20.1%; Chiapas, 16.3%; Puebla, 9.4%; Campeche, 8.9%; Veracruz, 8.4%; y Michoacán y Nayarit, con 7.8% cada uno.
Otro dato importante que ilustra la precariedad de los trabajos en México es el número de horas que labora el personal subordinado y remunerado, ya que, según el Inegi, el promedio es de 44 horas y 28 minutos por persona a la semana, mientras que la ley establece jornadas de 40 horas semanales.
Las entidades donde se reportan las jornadas más largas, de acuerdo con el Inegi, son el Estado de México, con un promedio de 47 horas y 2 minutos por semana; Quintana Roo, 46 horas y 31 minutos; Nuevo León, 45 horas y 51 minutos; Ciudad de México, 45 horas y 22 minutos; y Coahuila, con 45 horas y 15 minutos.
Finalmente, otro indicador que permite entender el camino que queda por recorrer para integrar al mercado laboral un sistema integral de cuidados es la “facilidad o dificultad” reportada para obtener ayuda en aspectos clave de la vida.
Por ejemplo, de los 108 millones de personas de 12 años y más en el país, el 21.4% indicó que sería imposible conseguir ayuda para mejorar su colonia o localidad; el 15.7% reportó que le sería imposible pedir a alguien que le prestara el monto que su hogar gana en un mes; el 7.1% considera imposible obtener ayuda para encontrar un empleo, mientras que el 1.7% vería inviable conseguir ayuda para recibir atención cuando se enferma o para cuidar a sus hijos en casa.
UN SOLO TRABAJO NO ALCANZA
El gráfico evidenció de manera contundente la fragilidad y precariedad del mundo laboral en México. En estados como Oaxaca (22.2%), Guerrero (19.1%) o Campeche (17.1%), una alta proporción de personas de 12 años o más tiene dos o más empleos, lo que indica que un solo trabajo no garantiza condiciones de vida dignas. Este fenómeno no debe interpretarse como un signo de dinamismo laboral, sino como una evidencia de subempleo, bajos salarios y la falta de seguridad social. Desde la perspectiva del derecho al trabajo y la justicia social, la multiplicación de empleos se convierte en un mecanismo de supervivencia que pone de manifiesto el incumplimiento del mandato constitucional de asegurar un salario suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las familias.
OTRA CARA INVISIBLE DE LA EXPLOTACIÓN
El gráfico revela una dura realidad sobre la desigualdad estructural del mercado laboral mexicano: millones de personas subordinadas en su trabajo principal no reciben ningún pago por su labor, lo que contradice de manera flagrante el principio fundamental de que el salario es la compensación mínima por la reproducción de la vida. Este fenómeno representa una negación radical del “principio de la justa igualdad de oportunidades” y del “principio de la diferencia”, ya que amplía la brecha de exclusión y sitúa a grupos enteros de la población en condiciones de vulnerabilidad absoluta. Se desvaloriza el trabajo de comunidades rurales, mujeres y jóvenes, naturalizando su invisibilidad y explotación. En resumen, los datos reflejan que en México el derecho a un trabajo digno sigue siendo una promesa incumplida.
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