Los tentáculos del crimen se infiltran en más sectores en México.

El mapa del crimen en México está en constante transformación, guiado por un principio clave en la economía: la búsqueda de máximos beneficios con el mínimo riesgo posible.
Delitos como la extorsión, secuestro, robo, fraude, huachicol, piratería, narcotráfico, despojo inmobiliario, y el uso de maquinitas tragamonedas son cada vez más comunes, además de volverse más sofisticados.
Los grandes cárteles —como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación—, así como pequeños delincuentes que a menudo adoptan identidades de organizaciones criminales, controlan diversas actividades ilícitas; perfeccionan sus tácticas operativas a través de redes clandestinas, perjudicando gravemente al tejido social, a la seguridad y a la economía de la población.
“Los delincuentes son agentes económicos completamente racionales y buscan aquellos negocios (delitos) que les generen más ganancias con el menor riesgo posible”, declaró a Excélsior Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Rivas destacó que los delitos patrimoniales no son “unidireccionales; se comportan como olas: a veces prevalecen unos delitos, a veces otros, pero siempre hay actividad delictiva”.
A nivel nacional, las autoridades han identificado por lo menos a 80 grupos de crimen organizado con diversas escalas delictivas según el tipo de actividad que llevan a cabo; además, existen unas dos docenas de bandas criminales.
Entre estos grupos se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana, Del Noreste, Del Golfo, Guerreros Unidos, Caborca, Los Rojos, Santa Rosa de Lima, Los Viagra, Nueva Plaza, Artistas Asesinos y Los Ardillos.
En la Ciudad de México, operan la Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Canchola, C.J.N.C., Ronda 88, Cuero Fresa, Los Molina, Los Maceros, Los Tanzanios, El Maestrín y Juan Botta.
Según Sebastián Lukács Gorka, director antiterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, los cárteles emplean a más de 500 mil personas en México.
“Se estima que más de 500 mil mexicanos trabajan para los cárteles, muchos de ellos bajo coerción. Nos gustaría ver a esos mexicanos libres del yugo de los cárteles, al igual que lo quiere la Presidenta de México y todos los demás”, expresó Gorka en un foro organizado por Político hace unos días.
Los grupos criminales emplean a individuos de diversas edades y estratos sociales. Por ejemplo, utilizan a adultos adictos como burros para transportar drogas en pequeñas cantidades a cambio de dosis para mantenerlos involucrados. A los más jóvenes, incluso a niños, los utilizan como halcones para la vigilancia, muchas veces a través de smartphones para mantener la comunicación encriptada.
ILÍCITOS DESDE PUNTOS LEGALES
Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope, analista en seguridad fallecido en abril de 2023, presentaron en 2022 una investigación que estimó que había 150 cárteles operando en México, con una “población” de entre 160 mil y 185 mil integrantes, posicionando a los cárteles como la quinta entidad empleadora del país.
Una estrategia típica del crimen organizado es adoptar negocios que aparentan ser lícitos como fachada para llevar a cabo actividades ilícitas. Ejemplos incluyen expendios de carnitas que venden drogas, barberías convirtiéndose en narcotienditas, oficinas de importación donde se trafica piratería, gasolineras que despachan huachicol, spas involucrados en la trata de personas, servicios de seguridad privada que actúan como extorsionadores, repartidores de comida que entregan drogas, y empresas inmobiliarias que se dedican a la venta de propiedades apropiadas de manera ilegal.
“Es fundamental reconocer que los delincuentes se moverán hacia los delitos que sean más fáciles de cometer y que tengan un alto nivel de impunidad”, afirmó Rivas.
Para entender el fenómeno de la evolución del crimen en México, Rivas explicó:
“Hoy en día, la extorsión se ha convertido en el delito más significativo. No solo la extorsión telefónica, que sigue proliferando, sino la más preocupante: la presencial. Esta última ha dejado de limitarse al cobro de piso y ahora se enfoca más en controlar y coaccionar mercados.”
“Los delincuentes obligan a tiendas de abarrotes, transportistas y distribuidores a vender ciertos productos o impedirles vender otros, lo que muestra cómo ha cambiado el comportamiento delictivo”, agregó.
EXTORSIÓN Y SECUESTRO, CLAVES EN LA HIPÓTESIS
Francisco Rivas también destacó que la extorsión ha favorecido la disminución del robo común, es decir, el robo en la vía pública, y el robo a casa habitación se ha vuelto menos atractivo para los delincuentes, ya que implica un mayor riesgo en comparación con la extorsión telefónica o presencial.
“Esto demuestra cómo un mismo fenómeno puede estar en constante cambio”, subrayó. Además, mencionó el secuestro:
“Históricamente, el secuestro se asociaba a una cuidadosa labor de inteligencia, donde se identificaba a la víctima y se llevaban a cabo secuestros de alto perfil, normalmente con cuantiosos rescates. Sin embargo, el panorama se ha transformado con el tiempo.”
“Ahora, el secuestro se convierte en uno de oportunidad. A menudo, se elige a alguien al azar basándose en su vestimenta o tipo de vehículo, pero lo que sucede es que la víctima, incluso si tiene un coche de lujo, a veces no puede pagar un gran rescate porque, por ejemplo, está endeudada”, añadió.
Esto ha llevado a que el secuestro más común hoy en México sea el de migrantes.
“En ciertas zonas del país, se secuestran autobuses enteros con migrantes, a quienes se les solicita un rescate relativamente bajo, pero dado que los números son elevadísimos, el lucro es significativo con un riesgo de captura mínimo”, indicó.
“Además, al tratarse de un grupo poco visibilizado, como los migrantes con escasos recursos, es poco probable que presenten una denuncia, y si lo hacen, el costo de no atender ese delito por parte de las autoridades es ínfimo”, aseguró.
“En el caso de los migrantes, pueden recibir 30 mil pesos por cada uno, y si en un mes secuestran a 100, ahí están los números, todo esto con un nivel de riesgo prácticamente nulo”, concluyó.
PINCHAZOS EN CDMX, PARA ROBAR
Rivas señaló que en el Observatorio Ciudadano han recibido reportes, especialmente de San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, donde “intentamos comunicar a las autoridades, ya que las víctimas sí reportan los secuestros o desapariciones, pero las fiscalías no les brindan atención; es decir, ni siquiera reciben la denuncia, mucho menos se abre una carpeta de investigación”.
Francisco Rivas afirmó que el mapa de la violencia está en cambio constante.
“En la Ciudad de México, hemos visto el caso de los pinchazos en el Metro como una forma de robo que no expone excesivamente al delincuente. Este fenómeno se suma a otros métodos que han surgido en el pasado. Durante la pandemia, varios delincuentes emplearon redes sociales y aplicaciones de citas para conocer personas y luego las drogaban y robaban en sus hogares”, concluyó.
“Es vital tener en cuenta que mientras un delito sea fácil de llevar a cabo y exista una alta impunidad, los delincuentes se trasladarán a esa área delictiva”, añadió.
Desde su experiencia, Rivas afirmó que los delitos que ocurren en México son consecuencia de diversos delincuentes comunes y grupos delictivos.
En el caso de las extorsiones, frecuentemente hay personas que fingen ser miembros de ciertos cárteles, generando miedo entre la población, y aunque las víctimas no tengan ningún vínculo con esos cárteles, nadie desea confirmar esa situación”, resaltó.
Rivas también abordó el tema de los fraudes en la venta de vehículos. “Los delincuentes primero realizan el fraude al pagar con cheques sin fondos. Esto no se clasifica como robo, pero lo que ocurre es que al presentar una denuncia, reciben mensajes en los que les dicen que son del Cártel de Sinaloa o del Jalisco Nueva Generación, lo que provoca que se aterren y abandonen el caso.
Lamentablemente, debido a la alta presencia del crimen en México, es fácil que sucedan situaciones donde individuos usen nombres conocidos para cometer delitos y logren evadir la justicia”.
SIN TEMPORALIDAD PARA DELINQUIR
El análisis de Rivas indica que en la perpetración de delitos no existe una temporalidad. “Los delitos tienden a disminuir rápidamente, ya que la población empieza a tomar medidas de protección contra ellos; esto se observa en el caso de ciertos robos, extorsiones y engaños.
Una resolución rápida puede llevar al delincuente a cambiar de táctica pronto, eludiendo un delito particular si se intensifican las medidas de seguridad. Por ejemplo, el robo de tapas de alcantarilla fue muy limitado tras la implementación de revisiones por parte de las autoridades; luego, se reanudó cuando se dejó de poner atención. Un fenómeno similar ocurrió con el robo de cobre de cables, que disminuyó con mayor vigilancia; el contexto del huachicol es similar a lo que vivíamos en el pasado”.
Se refirió a otros delitos como el narcomenudeo, que continúa ocurriendo de manera constante, aunque con ligeras variaciones en el modus operandi. Por ejemplo, hay personas que supuestamente venden productos alimenticios por aplicaciones, pero en realidad están vendiendo drogas.
“Por lo tanto, hay maneras de delinquir que, a veces, persisten un poco más, mientras que otras se sofisticaron, como algunas formas de comercio ilícito de productos, o la piratería, que a menudo resurgen tras un período de prohibición”, concluyó.
“En resumen, mientras un delito puede ejecutarse con relativa facilidad y existe una alta impunidad, habrá delincuencia. Si es más probable que un delito con alta probabilidad de violación de ley (20%) sea perseguido que otro con baja probabilidad de detención (95%), los delincuentes optarán por el que involucra menor riesgo, aunque la recompensa sea menor. Esto refleja el principio económico que guía a los delincuentes: siempre buscarán maximizar sus ganancias con el menor riesgo posible”.
*La manipulación de ductos ha
provocado explosiones. Foto: Especial.
AMPLÍAN SU “CARTERA DE NEGOCIOS”
La delincuencia organizada ha expandido su “cartera de negocios” al robo de combustible o huachicol, una fuente constante y lucrativa de ingresos a través de los pinchazos en los ductos de Pemex.
Las pérdidas económicas debidas a ordeñas y extracción de gas LP se estiman en cerca de 20 mil millones de pesos anuales, reconoció Pemex.
El fenómeno del robo de gas LP, conocido como huachigas, también ha impactado a empresas formales del sector, que reportan pérdidas, reubicaciones de rutas y riesgos para la población. Según el estudio titulado “Tomas clandestinas ductos de petrolíferos y gas LP 2024”, elaborado por Igavim: Puebla encabeza la lista, con 426 reportes; seguida por Veracruz, con 245; Tlaxcala, con 127; CDMX, con 94; Oaxaca, con 25 y Querétaro, con 16. Distribuidores advierten que el control del territorio por grupos delictivos ha resultado en extorsiones, amenazas y robo de unidades.
Por Patricia Briseño.
LE APUESTAN AL TABACO Y ALCOHOL
Desde la pandemia en Sonora, los grupos de la delincuencia organizada dedicados al tráfico de drogas e indocumentados hacia los EE. UU. han iniciado la búsqueda de nuevos negocios, encontrando oportunidades en el comercio ilegal de alcohol y tabaco.
Al principio, ante la escasez de cerveza, comenzaron a ofrecer servicios de entrega de bebidas alcohólicas. Al percatarse del alto lucro, empezaron a extorsionar a los distribuidores establecidos, obligándolos a colaborar bajo amenazas o a enfrentar severas consecuencias.
Paralelamente a estas actividades, han comenzado a incursionar en el comercio de tabaco y vapeadores, presionando a las tienditas o abarrotes para que vendan cigarros “piratas”; actualmente, prácticamente toda la tabacalería se encuentra compuesta por productos importados ilegalmente.
Por Daniel Sánchez Dórame.
*Foto: Andrés Guardiola.
FLORECEN LAS NARCOMULTAS
Los grupos criminales en Guanajuato han identificado en la extorsión una oportunidad perfecta para contrarrestar las pérdidas ocasionadas por los operativos en contra del narcotráfico y el huachicoleo.
Celaya y Salamanca son ejemplos emblemáticos de ciudades sumidas en el fenómeno del cobro de piso, donde numerosos establecimientos en zonas centrales han cerrado. Otro método que han implementado es la colocación de narcomultas en vehículos particulares estacionados en las calles del centro.
Las papeletas contienen un código QR, que las autoridades desaconsejan escanear para prevenir el robo de datos personales.
Por Andrés Guardiola.
*El viernes fue detenido Hugo Francisco “N”, dirigente de la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata; se le investiga por despojo. Foto Especial.
DESPOJADORES COBRAN “PROTECCIÓN” DE CASAS
El crimen organizado en el Estado de México inicialmente apareció bajo la apariencia de organizaciones y sindicatos que prometían «proteger» a habitantes, comerciantes y transportistas víctimas de extorsión y cobro de piso; sin embargo, actualmente se dedican al despojo de propiedades, exigiendo grandes sumas de dinero a las víctimas para “brindarles protección”, siendo los adultos mayores sus principales objetivos.
Esto ocurre en contubernio con funcionarios estatales y municipales que los utilizan como grupos de choque y jueces que ayudan a falsificar o legalizar documentación falsa.
“Grupos que consideramos violentadores sociales operan en el ámbito legal e ilegal; este fenómeno no existía antes de 2017”, afirmó el secretario del ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz.
Ecatepec, donde se han recuperado 60 inmuebles en los últimos dos meses, es uno de los municipios con más denuncias por despojo y donde se ha identificado la mayor presencia de estos grupos.
Las denuncias y detenciones realizadas en Ecatepec, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, muestran personajes vinculados a estos grupos que operan, especialmente, en fraccionamientos como Las Américas y Los Héroes; muchas familias que compraron en estas áreas, al quedar lejos de sus centros de trabajo, no las habitan, lo que estos grupos aprovechan”, aseguró.
El abogado Ricardo Rodríguez, que lleva varios casos de despojo en Ecatepec y Tecámac, destacó que muchos operadores de este tipo de grupos tienen conexiones con funcionarios, lo que les permite actuar con impunidad.
Ante el temor que generan estas organizaciones, muchos grupos de seguridad que se contratan en unidades habitacionales optan por renunciar, lo que les lleva a cobrar por “evitar” que alguien invada las casas desocupadas o que son ocupadas por adultos mayores”, puntualizó Rodríguez Martínez del bufete Ramírez y asociados.
Por Angeles Velasco.



