La corporación tabacalera financia una entidad creada por la Secretaría de Reforma Fiscal.

Fabricantes de cigarrillos y productos ultraprocesados forman parte de los socios del instituto fundado por Bernard Appy, destacado en el gobierno de Lula

Este año, el economista Bernard Appy, secretario especial de Reforma Tributaria del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Lula, tiene como tarea principal redactar una legislación que regule la propuesta de reforma aprobada por el Congreso Nacional en 2023.

Uno de los aspectos más esperados es el impuesto selectivo para incrementar los impuestos sobre productos dañinos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, Appy ha tenido poco seguimiento en este tema en los últimos años.

En 2015, fue co-fundador del Centro de Ciudadanía Fiscal, un «think tank independiente» que trabaja en propuestas para simplificar y mejorar el sistema tributario y fiscal de Brasil. Entre los objetivos de la entidad se encuentra garantizar el uso sostenible de recursos naturales y reducir las desigualdades sociales y regionales.

Este instituto recibe financiamiento de compañías controvertidas como British American Tobacco (BAT), Ambev, Coca-Cola, entre otras. Al menos seis de ellas tienen un interés directo en el impuesto selectivo. Sin embargo, aún existen incertidumbres sobre la aplicación de este impuesto, particularmente en lo que respecta al valor de la tasa y su recaudación, lo que genera inquietudes entre las empresas tabacaleras.

Appy ha sido criticado por su cercanía a empresas del sector bancario e industrial, generando preocupación entre otros sectores de la economía. Su trayectoria profesional incluye tanto el sector público como el privado, y su trabajo en la reforma fiscal ha despertado opiniones encontradas en diversos sectores políticos.

Los giros de Appy

Nacido en São Paulo en 1962, Appy ha tenido una larga trayectoria en el gobierno y en el sector privado. Tras su involucramiento en varias organizaciones y consultorías, su rol actual como Secretario de Reforma Fiscal lo ha colocado en el centro de la discusión sobre la reforma tributaria en Brasil.

La asociación del CCiF con empresas productoras de tabaco y alimentos ultraprocesados plantea interrogantes sobre la independencia y transparencia de sus propuestas. La influencia de estos sectores en el diseño de políticas fiscales podría tener implicaciones en la salud pública y el medio ambiente.

Ultraprocesados

Además del tabaco, las bebidas alcohólicas y los alimentos ultraprocesados también son objeto de interés para el impuesto selectivo propuesto por el CCiF. Corporaciones como Ambev, Coca-Cola, Carrefour y Raízen tienen una presencia significativa en la producción y comercialización de estos productos, lo que plantea dudas sobre sus motivaciones en la legislación tributaria.

La cercanía entre el sector privado y el público, a través de entidades como el CCiF, plantea desafíos en términos de transparencia y defensa de los intereses generales de la población brasileña. La participación de Appy en este contexto ha generado polémica y suscita preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en la formulación de políticas fiscales en el país.

Respuesta corta

La respuesta de la Secretaría Especial para la Reforma Tributaria a las críticas sobre la relación de Appy con el CCiF subraya que las interacciones institucionales con las empresas están basadas en criterios técnicos y no en intereses comerciales específicos. Sin embargo, las implicaciones de estas interacciones en la formulación de políticas fiscales siguen siendo motivo de debate y análisis.