Discrepancias en los beneficios ante un cambio constitucional profundo

A un año de la presentación del plan C, 12 de sus 18 reformas constitucionales ya fueron promulgadas, configurando un cambio que sus impulsores y críticos califican de profundo y sin antecedentes en la historia reciente nacional por las consecuencias que generarán a largo plazo.

La vertiginosidad inédita de las iniciativas aprobadas entre septiembre y diciembre de 2024 marca el cierre de una etapa que inició en 2019 y que hasta ahora suma cuatro decenas de decretos que han modificado 54 artículos de la Constitución.

Se trata del 2o, 3o, 4o, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 41, 43, 52, 53, 55, 56, 65, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 84, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 122, 123, 127, 129 y 134.

Para la exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro y diputada federal Olga Sánchez Cordero, el proyecto de reformas de entonces a la fecha recupera la rectoría del Estado y actualiza instituciones que habían envejecido y eran lejanas a las necesidades de la gente, incluyendo el Poder Judicial al que ella perteneció por más de dos décadas.

El líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, considera que, si bien no se ha concluido la recuperación de los derechos sociales que se heredaron de los constituyentes de 1917, sí se ha avanzado significativamente en revertir las estructuras privatizadoras que el neoliberalismo dejó.

Hamlet García Almaguer, diputado federal que participó en la confección de los 17 dictámenes del plan C que quedaron listos en agosto pasado confía en que los aún pendientes irán concretándose. Pero sostiene que lo alcanzado hasta hoy conforma la mayor reforma de carácter social que México ha tenido.

La exlegisladora Dulce María Sauri alerta sin embargo que estos derechos sociales, como tantos que la Constitución contiene, no podrán ser garantizados en la actual estructura que ha devuelto al Ejecutivo federal la concentración del poder que el presidencialismo tenía en los años 20 del siglo pasado.

El académico Juan Jesús Garza Onofre advierte además que los cambios experimentados en los últimos siete años se traducen en una nueva Constitución que ha roto el acuerdo mínimo entre las y los mexicanos, requisito fundamental para cualquier régimen democrático.

LOS CAMBIOS SUSTANCIALES A LA CONSTITUCIÓN

Extinción de Dominio. Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Guardia Nacional. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Prisión preventiva oficiosa. Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

Paridad entre Géneros. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consulta Popular y Revocación de Mandato. Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Condonación de impuestos. Secreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia.

Movilidad y Seguridad Vial. Decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia.

Juventud. Decreto por el que se declaran reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

Fuero. Decreto por el que se declaran reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Partidas secretas. Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nacionalidad. Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Seguridad Privada. Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entidades federativas. Decreto por el que se declara adicionada una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Servicio público. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión.

Cargo público. Decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima.

Vías y transporte ferroviario. Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Poder Judicial. decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De áreas y empresas estratégicas. Decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Protección y cuidado animal. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Congreso de la unión. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de periodos de sesiones ordinarias.

Vivienda para las personas trabajadoras. Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XII del apartado a del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VUELVE RECTORÍA EN TEMAS ESTRATÉGICOS

Olga Sánchez Cordero

Ministra de la Suprema Corte por 20 años con 10 meses, primera secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, senadora y hoy diputada federal, Olga Sánchez Cordero afirma que los cambios constitucionales que él promovió buscaron recuperar la rectoría del Estado en temas estratégicos y fundamentales para México.

Cuenta haber compartido con el exmandatario su visión nacionalista, contraria a la privatización y coincidir en que muchas de las instituciones habían envejecido.

Se alejaron mucho de la población, de las necesidades. El amparo se convirtió en un amparo élite. No era para el pueblo. Y el Poder Judicial también tiene pecadillos: no llegaban a resolver a fondo; siempre inoperancia de agravios, improcedencia, sobreseimiento”.

De la generación de la posguerra, Sánchez Cordero nació en 1947 en medio de la escasez; tenía 14 años cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. “A mí no me extrañaban las reformas constitucionales del presiente López Obrador que para algunos eran regresivas porque querían el libre mercado. Y para otros eran volver a retomar, como en mi caso, la rectoría del Estado”.

Señala que los órganos autónomos ahora extintos fueron producto de una negociación política del Congreso con el presidente Peña Nieto: “pasan tus reformas, pero yo nombro a los comisionados”; recuerda que el presidente Carlos Salinas, con la obligación por el TLC de institucionalizar la regulación de los mercados, lo hizo con órganos desconcentrados: Cofece y Cofetel.

Y en cuanto a los derechos sociales derivados de las reformas, señala que se equivocan quienes pretenden hacer creer que son sólo poemas o propaganda en la Constitución. “Un gobierno de izquierda debe abocarse, enfocarse y hacer una realidad los derechos sociales porque es una manera de redistribuir el ingreso”.

Sostiene que todos los derechos humanos son muy caros para el Estado y rememora sus discusiones en la Corte con ministros que los consideraban sólo programáticos.

Estoy fascinada: por primera vez en muchas décadas a los menos desprotegidos se les da un ingreso mínimo vital para considerarse como una persona con dignidad.

El derecho de la pensión universal es lo mejor que le ha pasado a este país, porque nuestros adultos mayores eran ignorados, vituperados. Y, esto, los ha reposicionado dentro de la familia”, contrasta.

Cuenta que “el presidente (López Obrador) no quería el Seguro Popular y en algún momento me dijo: Esto es una caja chica de los gobernadores. Sólo pasaban la factura y el Estado pagaba y pagaba y pagaba sin ningún control. Y él ha querido que sea el gobierno el que preste los servicios de salud. Eso es un costo enorme”.

Pero lo existente antes de 2018, alega, eran hospitales deteriorados y un proceso permanente de privatización que incluía a la educación.

Dice que es López Obrador quien logra para las Fuerzas Armadas un marco constitucional que respalda su actuar.

A veces se nos olvidan tantas cosas”, señala para enfatizar que, en 2013 con Peña Nieto, ante la modificación de la Ley de Amparo para que no procediera contra reforma constitucionales, en la SCJN siempre se defendió esa supremacía.

Y al analizar la reforma reciente que estableció dicha supremacía en la Constitución, asegura que ese criterio prevaleció en 2011 con la reforma a los Derechos Humanos.

Ahí yo estuve. Y te puedo decir que no ganamos. El voto mayoritario -de los ministros Sergio Salv…

Y sobre el señalamiento de una regresión democrática revira: “¿Más legitimidad democrática de la que tuvo el presidente López Obrador? ¿Más legitimidad democrática de la que tiene hoy la Dra. Claudia Sheinbaum?”.

HAN BORRADO 30 AÑOS DE AVANCES

Dulce María Sauri Riancho

La mayoría constitucional que ha actuado en la actual legislatura ha borrado los avances de prácticamente casi 30 años, para establecer las bases de la restitución del modelo de la presidencia autoritaria, sostiene Dulce María Sauri Riacho.

Política e historiadora, fue presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del PRI en el primer trienio del sexenio del presidente López Obrador cuando, recuerda, salieron adelante las primeras reformas que llevaron a la Constitución los programas sociales y, gracias a la oposición en el Senado, pudo garantizarse un mando civil para la Guardia Nacional.

Al reflexionar sobre lo sucedido en los últimos siete años, la exgobernadora de Yucatán sostiene que es fundamental recordar que la transición democrática inició en 1997, cuando su partido perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Enumera que la conformación de un nuevo Poder Judicial en 1996 y la ciudadanización del IFE, ahora INE, son parte de ese proceso protagonizado por tres fuerzas políticas que guardaban cierto equilibrio entre sí en el Congreso.

Dice que con el concurso del PRI, PAN y PRD se alcanzaron entre 2013 y 2014 reformas de gran calado.

Sostiene que en esa etapa se dio la redistribución del poder entre el Estado y la sociedad, iniciando el desmantelamiento del Poder Ejecutivo como eje de los poderes de la Unión y de la organización del Estado, permitiendo que las minorías fueran tomadas en cuenta.

Esta transición democrática empezó su fase de declinación abierta en el primer trienio de la administración de López Obrador. Aunque todavía hubo polvos de aquellos lodos democráticos”.

Para la segunda parte, describe, Morena y sus aliados transformaron esta situación, porque aun no teniendo la mayoría calificada, modificaron ordenamientos que derivaron en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas ante la Corte que, como defensora de un orden constitucional plural, menos presidencialista, ejerció sus atribuciones frente a un Poder Ejecutivo que buscaba reconformar el poder autocrático.

Y así llegamos a la elección de 2024 y a la conformación de una mayoría constitucional”, sostiene la exsenadora y ex presidenta del PRI.

Para Sauri los derechos sociales que Morena dice haber recuperado ahora quedarán a la deriva, ante la falta de independencia del Poder Judicial.

La Constitución de 1917 es la gran Constitución de los derechos sociales. Y no solamente me refiero al derecho al trabajo, consagrado en el artículo 123 constitucional, sino también al derecho a la tierra. Y yo no puedo reclamarle al constituyente algunas graves omisiones como el reconocimiento del derecho de la ciudadanía de las mujeres o que no haya establecido, en el artículo primero constitucional, los derechos humanos. Y eso que era avanzado, en el 17, reconocer las garantías individuales. Porque, aunque sea palabra maldita hoy, era una Constitución prácticamente liberal; los constituyentes crearon los derechos sociales, en la discusión del proyecto absoluto y completamente liberal.

Lo que sí puedo reclamar ahora es que quieran regresar la Constitución a la década de 1920. Porque no veo por ningún lado que haya garantías de ejercicio de derechos sociales, que a lo largo de muchos años se fueron incorporando: los derechos plenos de las mujeres, de las minorías.

Nuestra Constitución tiene una gran cantidad de derechos. Y lo que habíamos estado tratando de construir era el aparato que hiciera posible el ejercicio efectivo de los derechos que están en la Constitución”.

Pero hoy, advierte, “se pueden violar los derechos de quien sea y no hay consecuencias