La siguiente declaración sobre la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador en México fue Publicado por la Cámara de Comercio Americana de México (AmCham) los lunes.
La Cámara de Comercio Americana en México (AmCham) ha sido un pilar de confianza en México durante más de un siglo. Desde nuestra fundación en 1917, hemos sido una comunidad proactiva y comprometida dedicada a generar bienestar compartido en México.
Ejemplo de ello son nuestras acciones pioneras como la bolsa de trabajo histórica, la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de 1985, la gestión para llevar vacunas contra el COVID-19, o más recientemente, la coordinación de apoyos para reconstruir Acapulco acompañada del mecanismo de trabajo con los gobernadores del sur-sureste.
Nuestra trayectoria conjunta con 19 administraciones en Estados Unidos y 22 en México nos ha enseñado que en el diálogo, el análisis y la búsqueda de puntos en común en medio de las diferencias está la clave para superar cualquier reto. En los últimos años, esta lección no ha sido diferente y hoy, AmCham sigue confiando en México.
En el último trimestre de 2024, más del 97% de la inversión extranjera directa (IED) fue reinversión de utilidades y más del 44% provino de empresas estadounidenses. Nuestras empresas —estadounidenses, mexicanas e internacionales; grandes, medianas y pequeñas— invierten en México y brindan empleo formal a más de 10 millones de mexicanos.
En toda democracia, el camino hacia el fortalecimiento del Estado de derecho debe evaluarse, debatirse y enriquecerse. Cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, conviene prestar atención. La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos. Nuestra Cámara ha analizado a fondo la reforma judicial y ha compartido recomendaciones con el gobierno actual, el gobierno de transición y representantes del Congreso.
Coincidimos con el Embajador Ken Salazar en la visión de una integración México-Estados Unidos que transforme a la región en un ejemplo de prosperidad económica. Esta visión requiere de certidumbre jurídica, transparencia judicial y claridad en la aplicación de las leyes.
Conforme las empresas han invertido en México y generado millones de empleos para las décadas pasadas y futuras, vemos riesgos en la independencia del poder judicial en la reforma judicial, un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, un incremento en los costos, una reducción en la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión.
México es un país que favorece la inversión y el crecimiento de las empresas. Ante esta preocupación expresada por el sector privado, hacemos un llamado a continuar el diálogo para evaluar cuidadosamente las posibles consecuencias de ésta y otras reformas, y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar en la creación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad jurídica y la competitividad de México.
**Es importante recordar el Anexo 23-A del T-MEC, en donde México se comprometió a contar con tribunales laborales independientes, y el Capítulo 31 sobre el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos mecanismos son esenciales para resolver eficientemente los conflictos empresariales y reducir la carga de trabajo del sistema judicial. Los cambios propuestos podrían comprometer el cumplimiento del T-MEC.
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