Miguel Treviño describe su juicio político como ‘insólito’ y denuncia un intento de exclusión.
San Pedro.- El exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, reaccionó al inicio del procedimiento de juicio político que el Congreso de Nuevo León abrió en su contra, calificándolo como un caso insólito en la política mexicana.
Mediante sus redes sociales, afirmó que se trata de un intento por excluirlo de la vida pública debido a los resultados que logró durante su administración.
Treviño explicó que el proceso está relacionado con la permanencia de Javier de la Fuente como secretario de Desarrollo Urbano en su gobierno, quien clausuró una construcción ilegal, y cuya remoción fue demandada en varias ocasiones por un magistrado.
Según el exalcalde, las contradicciones en las resoluciones judiciales dieron pie al supuesto desacato que actualmente motiva esta acción legislativa.
«El Congreso del Estado está iniciando un juicio político en mi contra por haber mantenido un secretario de Desarrollo Urbano que clausuró una construcción ilegal.
Un magistrado no estuvo de acuerdo con esto y primero pidió que se removiera el secretario, luego que se mantuviera, luego que se removiera, claramente confundido.
“Y el juicio político lo que busca es dejarme a mí fuera de un cargo público por un cierto número de años,» expresó.
Añadió que detrás de esta decisión se encuentra la incomodidad de ciertos grupos políticos ante los logros de su gestión.
«Lo que quieren algunos es mantener la política en manos del mundo al revés, donde prosperan los corruptos, los ineficaces, los que se esconden. Pero el mensaje no es para mí, yo no estoy compitiendo por ningún cargo público. El mensaje es para todos nosotros,» apuntó.
El procedimiento fue iniciado en el Congreso del Estado por la comisión que encabeza la priista Armida Serrato, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Juicio Político del Estado, que permite iniciar estos procesos mientras el funcionario esté en el cargo o dentro del primer año de haberlo concluido.
En este caso, el arranque se dio el pasado 29 de septiembre, justo al límite del plazo legal.
De acuerdo con la legisladora priista, la siguiente etapa consiste en una revisión jurídica privada para definir si el juicio procede o no, y en caso afirmativo, dar derecho de audiencia a Treviño y a su defensa.
Si se comprueba la falta, la sanción podría ir desde uno hasta 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
