Violencia, precariedad y problemas de salud destacan en la gestión de la gobernadora de Colima.
A pesar de los pronósticos optimistas, Colima continúa siendo uno de los estados más afectados por la violencia, además de enfrentar serios rezagos en salud y economía.
Las estadísticas oficiales revelan que, a la mitad de la actual administración de Indira Vizcaíno Silva, la situación sigue siendo complicada y la ciudadanía se siente cada vez más vulnerable.
Según el Índice de Paz México 2025, Colima lidera a nivel nacional en homicidios dolosos, con 140 por cada 100 mil habitantes, posicionándola como la entidad más violenta del país. Este mismo informe estima que el impacto económico de la violencia en el estado representa el 40.8% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica pérdidas millonarias debido a asesinatos, extorsiones, gastos en seguridad y una disminución en la productividad.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, elaborada por el INEGI, corrobora esta realidad: el 68.5% de los habitantes de Colima considera que la inseguridad es el principal problema del estado, superando ampliamente otras preocupaciones sociales. Entre 2021 y 2024, se reportaron oficialmente 2 mil 280 homicidios dolosos en la entidad.
En el ámbito económico, las cifras no son más alentadoras. Para el primer trimestre de 2025, la población económicamente activa en Colima fue de 373 mil personas, de las cuales 364 mil estaban ocupadas. Aunque la tasa de desempleo permanece baja (2.43%), una gran parte de esta población trabaja en la informalidad, lo que se refleja en empleos inestables y sin seguridad social. El salario mensual promedio en el estado es de solo 7 mil 820 pesos, considerado insuficiente frente al aumento del costo de vida.
El sector salud enfrenta también serias dificultades. La escasez de especialistas, el desabastecimiento de medicamentos y la infraestructura hospitalaria limitada generan descontento entre los ciudadanos. De acuerdo con datos del INEGI, la atención médica en áreas rurales sigue siendo deficiente y muchas comunidades carecen de acceso a servicios básicos. Además, organizaciones internacionales alertan que el clima de violencia afecta la salud mental de la población, sin contar con programas eficaces de atención psicológica.
La discrepancia entre los discursos oficiales de la gobernadora y la realidad cotidiana es notable. Mientras se mencionan inversiones y proyectos de seguridad, la percepción de la ciudadanía es de desconfianza y descontento. Los datos son claros: Colima sigue atrapado en un ciclo de violencia, precariedad económica y rezagos en salud.
Frente a esta problemática, la presión social aumenta, demandando un cambio de los anuncios a resultados concretos. Si no se logra, el estado podría seguir figurando en índices negativos, con un costo humano y económico cada vez mayor.
