La SCJN no aborda la legalidad de los libros escolares para el ciclo 2023-2024.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado la decisión de no atraer el caso que cuestiona la legalidad en la creación de los libros de texto gratuitos utilizados en el ciclo escolar 2023-2024.
En una votación de tres contra uno, la Segunda Sala rechazó la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel para ejercer la facultad de atracción, argumentando queel caso no cumplía con los criterios para ser revisado por el máximo tribunal del país.
La sentencia original, emitida por la jueza federal Yadira Medina en agosto de 2023, otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), señalando irregularidades en la elaboración de los materiales educativos. A pesar de que Esquivel argumentó que el caso presentaba una relevancia jurídica excepcional, sus colegas de la Sala no estuvieron de acuerdo.
Ahora, la responsabilidad de resolver el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) recaerá en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Este tribunal deberá decidir si aborda el fondo del asunto o si considera que el amparo quedó superado por la implementación de los libros correspondientes al ciclo escolar 2024-2025.
El caso es relevante porque la sentencia de la jueza fija criterios sobre las obligaciones legales de las autoridades educativas federales en el proceso de creación de estos libros, basados en el Plan de Estudios La Nueva Escuela Mexicana, criticado por su contenido ideologizado y favorable al actual gobierno.
Según Medina, esas autoridades violaron reiteradamente la ley, ya que los libros estaban impresos meses antes de que se conocieran los programas de estudio respectivos, publicados por la SEP hasta agosto de 2023, a pesar de que el Plan de Estudios existía desde agosto de 2022.
Esto impidió la participación de autoridades educativas estatales, padres de familia y organizaciones sociales.
“Primero se imprimieron los libros, y después se aprobó y ordenó la publicación de los programas de estudio, cuando esto último debe realizarse primero, porque aquellos – libros de texto- se deben ajustar a los programas de estudio, y no a la inversa”, afirmó la jueza.
“La prosecución lógica de dicho procedimiento prevé que se propongan programas por autoridades locales, los cuales integrarán los programas provisionales que, precisamente, se pondrán a discusión pública (incluso como lo realizaron las autoridades responsables), para después, aprobados los programas definitivos, se elaboren, editen e impriman los libros de texto, y así se pongan a disposición de la sociedad”.
También en 2023, los gobiernos de Coahuila y Chihuahua impugnaron los nuevos libros ante la Suprema Corte de Justicia, y si bien el entonces ministro Luis María Aguilar ordenó inicialmente suspender su distribución en esas entidades, las controversias fueron desechadas poco después.
Con información de Reforma
