México

La última palabra la tendrá el constituyente: los cambios a la Constitución serán inatacables.

El Senado presenta una reforma constitucional respaldada por los diputados federales de Morena para impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la reforma al Poder Judicial, y también establece que no proceden amparos, controversias constitucionales ni control de convencionalidad contra una reforma constitucional.

Se establece que los juicios en trámite que cuestionen la validez de una adición o reforma a la Constitución quedarán sin materia y serán sobreseídos, así como los juicios que cuestionen actos en ejecución de dichas reformas.

La iniciativa, presentada por Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, establece que las normas sobre derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Se señala que los tribunales resolverán las controversias que surjan, excluyendo de este proceso las reformas y adiciones a la Constitución.

Se establece que no procederán controversias constitucionales ni amparos contra reformas constitucionales, y se prohíbe cualquier interpretación analógica o extensiva de la reforma.

La propuesta ha generado críticas por parte de la oposición en el Senado. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano la calificó como «la reforma más peligrosa al orden jurídico en la historia», mientras que la dirigente de los senadores del PAN la consideró una amenaza a los derechos constitucionales. El priista Alejandro Moreno la describió como una iniciativa que debilita la confianza en el Estado de derecho y busca silenciar a los trabajadores del Poder Judicial.

Se advierte que con esta reforma, la mayoría oficialista podría establecer cambios constitucionales sin posibilidad de impugnación, lo que genera preocupación sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos y la división de poderes.

En resumen, la propuesta de reforma constitucional presentada por Morena en el Senado ha generado preocupación entre la oposición y se espera un debate profundo sobre sus implicaciones y consecuencias para el orden jurídico en México.

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