El Grupo de las Seis considera innecesario el registro de deudores alimentarios en NL.

Monterrey.- El Grupo de las Seis expresó su desacuerdo con la reciente aprobación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios en Nuevo León, argumentando que es una medida innecesaria y redundante que no fortalece la protección de los derechos de la infancia.
La organización destacó que este registro duplica funciones de un sistema federal ya existente, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que incluye a personas que no cumplen con sus deberes alimentarios tras un procedimiento judicial.
Rebeca Clouthier, activista y portavoz del colectivo, recordó que en agosto de 2024 se reunió con el entonces presidente del Poder Judicial estatal, Arturo Salinas, quien confirmó que ya había personas de Nuevo León inscritas en el sistema federal.
“Establecer un registro estatal no agrega valor al procedimiento existente, solo crea redundancia burocrática y desvía recursos que podrían utilizarse en asuntos prioritarios para la infancia en Nuevo León”, afirmó Clouthier en un video compartido por el grupo.
El colectivo también criticó que el Congreso local no haya impulsado reformas para fortalecer el marco legal vigente en protección de niños, niñas y adolescentes.
Clouthier enfatizó que los legisladores podrían haber hecho ajustes para que los deudores alimentarios en el RNOA no pudieran acceder a cargos públicos, realizar transacciones inmobiliarias o renovar licencias de conducir hasta que regularicen sus deudas, lo que consideró esencial para garantizar los derechos de la infancia.
En su pronunciamiento, el Grupo de las Seis demandó que el Congreso revise la creación del registro estatal y dirija sus esfuerzos hacia reformas legislativas que fortalezcan los mecanismos existentes sin duplicidades.
Asimismo, subrayaron que cualquier intento de implementar el registro estatal debería ser rechazado hasta que se modifiquen las leyes para asegurar la protección eficaz de los menores.
“Exigimos que las futuras iniciativas legislativas se concentren en soluciones efectivas y en consolidar un marco legal coherente, que realmente contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León”, concluyó Clouthier.



