El agronegocio acapara la mayor parte del financiamiento destinado a la agricultura familiar.

Datos del banco central indican que en 2024, el 91.7% de los recursos del PRONAF se destinaron al ganado. Las organizaciones abogan por cambios para promover la diversidad y apoyar a campesinos y comunidades tradicionales.

Brasilia: Los créditos del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) han sido principalmente destinados a agronegocios convencionales, dejando de lado a los agricultores familiares y comunidades que fomentan la sociobiodiversidad. Esto se debe a normativas que no se ajustan a su realidad.

El programa ofrece nueve líneas de financiamiento, con tasas de interés que oscilan entre 0.5% y 6% y con montos que pueden llegar hasta R$ 420,000 por beneficiario.

Sin embargo, la gran mayoría de estos fondos se han limitado al sector ganadero: en 2024, el 91.7% de los créditos de PRONAF en la Amazonía Legal se asignaron a la producción de ganado convencional, mientras que solo el 8.3% se destinó a otras actividades agrícolas, como la soja y el maíz.

En términos de productos relacionados con la sociobioeconomía, la situación es aún más desalentadora: el 99% de los productores de frutas como el açaí, nueces, y otros no han tenido acceso al crédito rural, según un estudio de Conexsus, dedicado a apoyar empresas comunitarias que preservan bosques y biomas.

Una de las principales barreras es la exigencia de documentos individuales, como el Registro Nacional de Agricultura Familiar (CAF) y el Registro Ambiental Rural (CAR), lo que dificulta el acceso de comunidades que operan de forma colectiva, como las quilombolas y pueblos indígenas. Este es el caso de 250 familias de la comunidad de Quilombo Caribbean, quienes enfrentan dificultades para acceder a créditos debido a estas normativas.

La falta de títulos colectivos es un obstáculo significativo; sin este reconocimiento, es imposible acceder a los recursos necesarios para cultivar y prosperar en sus tierras. «Para que el programa funcione para nosotros, debe fundamentarse en nuestros territorios», afirma Xifroneze Santos, representante comunitaria.

Además, pescadores artesanales también enfrentan retos similares, requiriendo certificados que muchos no pueden obtener debido a la burocracia y falta de apoyo. Muchos terminan siendo explotados por intermediarios debido a su vulnerabilidad económica.

Esto ha llevado a organizaciones como el Observatorio de Economías de la Sociobiodiversidad a solicitar al gobierno cambios en la normativa para facilitar el acceso a los recursos, asegurando que las comunidades tradicionales, que son esenciales para la conservación ambiental, tengan voz en las políticas públicas.