Reforma aprobada: Se eliminan los plazos forzosos en teléfonos móviles y aplicaciones de streaming.
Tras siete semanas en espera, el pleno del Senado aprobó, con el apoyo unánime de 91 senadores, que los suscriptores y usuarios de diferentes servicios tendrán la libertad de cancelarlos cuando lo deseen, sin enfrentar penalizaciones ni la obligación de mantenerlos hasta cumplir ciertos plazos.
La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que fue remitida ayer al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor, estipula que “el proveedor deberá establecer mecanismos que, sin infringir las disposiciones contractuales, permitan a los consumidores cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”.
Además, se establece que “el proveedor debe informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado conlleva cobros automáticos recurrentes, así como su periodicidad, monto y fecha de cobro”.
Asimismo, indica que dichos cobros “demandarán el consentimiento expreso e informado del consumidor. En caso de que, según el contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos cinco días naturales antes, permitiendo la cancelación sin sanciones”.
La reforma, impulsada por Ricardo Monreal Ávila, líder de los diputados federales de Morena, fue valorada positivamente por todas las fuerzas políticas en el Senado, al igual que en septiembre pasado en la Cámara de Diputados, donde recibió respaldo unánime.
Profeco recibió el año pasado 20 mil quejas, principalmente por cargos automáticos, especialmente en plataformas digitales y en servicios de telefonía móvil. Esta adición a la Ley 76 Bis de la Ley de Protección al Consumidor facilitará la cancelación inmediata de estos servicios.
Actualmente, en México, el comercio electrónico representa alrededor de dos billones de pesos, lo que equivale al 6% del PIB nacional. No se permitirá que existan obstáculos que dificulten la cancelación de servicios”, comentó Cynthia López, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, cuyo dictamen eliminó el nombre de Ricardo Monreal como autor de la reforma.
Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, señaló que se trata de “una reforma que nos invita a reflexionar sobre los abusos a los que las personas enfrentan diariamente al contratar este tipo de servicios”.
Lizeth Sánchez, del PT, añadió que esta reforma “brinda protección a quienes más lo necesitan y pone un freno a las estrategias engañosas dirigidas a niños, personas mayores o enfermas”.
Con esta reforma, aseguró el ecologista Luis Alfonso Silva Romo, se enfatiza que “en las transacciones realizadas a través de medios electrónicos, el proveedor deberá informar de manera clara, destacada y accesible sobre los cobros automáticos recurrentes del servicio contratado”.
Apoyamos esta reforma porque ofrece certeza, resulta lógico, beneficia a los consumidores y promueve la transparencia de los proveedores”, destacó el panista Raymundo Bolaños.
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