El operativo Caudal, enfocado en combatir el robo y la venta ilegal de agua, ha permitido la intervención de más de 180 propiedades y la confiscación de 30,000 pipas que se utilizaban supuestamente para la sustracción y distribución irregular del recurso hídrico. Esta información fue resaltada por Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).
García Villegas destacó que el Estado de México y Nuevo León son las únicas entidades que prevén sanciones por la extracción y el suministro ilegal de agua.
En una entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la funcionaria mencionó que “todos los lugares intervenidos tienen una carpeta de investigación activa ante la Fiscalía estatal”.
“El objetivo de estos operativos no es perjudicar a quienes trabajan de manera digna, sino regular y legalizar la distribución del agua”, aseguró.
De acuerdo con García Villegas, esta acción se origina en reformas legales aprobadas en 2022, que establecen penas penales para quienes comercialicen agua sin la correspondiente concesión: “Estas mafias operaban sin cumplir con los requisitos de extracción, lo que a menudo conducía a la sobreexplotación de pozos”, explicó.
La funcionaria detalló que la mayoría de las intervenciones se realizaron en propiedades privadas, aunque algunos casos están relacionados con pozos comunitarios administrados por asociaciones civiles. En estos casos, se están liberando catorce pozos comunitarios con el firme propósito de asegurar que el agua se destine exclusivamente a las comunidades y no se comercialice, bajo la supervisión de los municipios, la Conagua y la Fiscalía.
García Villegas también reveló que los traficantes de agua aplicaban sobreprecios significativos: “En Ecatepec se detectaron incrementos de hasta un 60% sobre el costo normal; en Cuautitlán Izcalli, un 41%; y en Tlalnepantla, un 32%”.
Además, señaló que gran parte del agua robada no permanece en el Estado de México, sino que se dirige a la Ciudad de México.
García Villegas comunicó que el operativo sigue en curso y actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo con 48 municipios para garantizar que el suministro de agua no se vea afectado.
“Estamos asegurándonos de que ninguna comunidad resulte perjudicada y elaborando un padrón de empresas y clínicas con fuentes legales de agua, para asegurar que su distribución sea transparente y debidamente regulada”, concluyó.
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