El proceso no divulgado genera un debate sobre la responsabilidad civil de la industria de alimentos ultraprocesados.

Un joven estadounidense de 18 años demanda a once fabricantes de productos ultraprocesados por daños a su salud; la acción legal podría motivar más demandas y evidencia la falta de regulación en la industria

En un hecho sin precedentes, Bryce Martínez, un adolescente de 18 años, inició en diciembre de 2024 una demanda contra once grandes fabricantes de productos ultraprocesados en Estados Unidos. Entre los demandados están Kraft Heinz, Mondelez, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Nestlé, entre otros.

Si el tribunal de Pensilvania acepta la demanda, estas corporations podrían enfrentarse a graves acusaciones. Aunque las empresas solicitaron un proceso en abril, a la fecha de este informe no se ha emitido respuesta oficial. Se espera que el tribunal escuche ambas partes el 1^er de agosto.

Esta es la primera demanda que vincula directamente a la industria de alimentos ultraprocesados con problemas de salud. «Es esencial abrir el debate sobre la responsabilidad de estas empresas», señala Igor Britto, director del Instituto de Defensa del Consumidor (Idec). Una decisión favorable para Martínez podría incentivar acciones legales similares.

El abogado de Martínez, Rene Rocha, se topó con el término «ultraprocesados» al investigar la expansión del consumo de estos productos en Europa. Tras dos años de estudios, Rocha se convenció de la gravedad del asunto y sus posibles repercusiones sociales.

Martínez alega que consumió estos productos desde su infancia y que actualmente padece diabetes tipo 2 y enfermedad hepática. La demanda solicita al menos $50,000 en compensación por daños físicos, emocionales y financieros, argumentando que las empresas actúan de manera engañosa y deben ser penalizadas.

“Aunque no obtenga compensación, la justicia podría reconocer que estos productos son peligrosos”, analizza Britto. La falta de regulación de los ultraprocesados en EE. UU. agrava el problema, algo que también se refleja en las normativas de salud en otros países como Brasil.

La falta de regulación permite que la industria actúe sin consecuencias, lo que afecta la salud pública.

La visibilidad que pueda adquirir este caso en el sistema judicial podría forzar a la industria a adoptar mejores prácticas. “Las verdaderas reformas se producirán cuando estos gigantes sientan el impacto económico”, concluye Rocha.