Robo de celulares, uno de los delitos más comunes: IFT presenta informe al Senado
El asalto a teléfonos móviles se ha convertido en uno de los delitos más comunes, destacándose por su alta incidencia y la tendencia creciente observada en la última década. En 2013, 41% de los robos involucraron teléfonos móviles; esta cifra subió a 58% en 2020 y se estabilizó en 56.6% en 2023 a nivel nacional, con Estado de México y Ciudad de México siendo las zonas más afectadas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó a la Comisión Permanente el Informe Anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones, que busca mitigar el uso de tecnologías de telecomunicaciones en actividades delictivas y actualizar los riesgos para la seguridad nacional, correspondiente al periodo de julio 2024 a junio 2025. Este informe debería ser público, pero el Senado optó por ocultarlo, retirándolo de la Gaceta Parlamentaria.
No obstante, Excélsior logró acceder al documento, preparado por operadores de telefonía como parte de sus responsabilidades actuales en colaboración con la justicia. En este análisis se examina el robo de teléfonos móviles en el país y se compara con iniciativas en otras naciones, dado que se trata de un fenómeno a nivel global, sugiriendo su aplicación en México basado en experiencias exitosas.
México tiene las condiciones tecnológicas, institucionales y de mercado necesarias para avanzar hacia un modelo más eficiente en la prevención del robo de celulares. El principal desafío no es técnico, sino en la colaboración efectiva entre autoridades regulatorias, cuerpos de seguridad, operadores móviles, empresas desarrolladoras y la ciudadanía.
Las experiencias internacionales deben ser adaptadas al contexto local y no replicadas de manera mecánica. En un país donde existen desigualdades tecnológicas y territoriales, es crucial diseñar estrategias de seguridad digital con un enfoque inclusivo, lo cual es no solo una opción, sino una obligación para asegurar el derecho a una conectividad segura”, se apunta en el documento.
Se sugiere mejorar la “interoperabilidad de las bases de datos del IMEI, automatizar los procesos de bloqueo inspirándose en el ejemplo de Brasil, y promover la plataforma gestionada por el IFT para validar los IMEI antes de la compra de dispositivos de segunda mano.
Asimismo, se propone establecer un Sistema Nacional de Bloqueo, operado exclusivamente por el Estado mexicano a través de una plataforma gubernamental. Esta herramienta debe ser desarrollada, financiada y gestionada por las autoridades encargadas de la seguridad pública y telecomunicaciones, asegurando que no se impongan cargas técnicas, operativas ni económicas al sector privado”, se menciona en la sección de Propuestas de Acción Institucional.
Incluye la creación de “canales anónimos de denuncia relacionados con mercados ilegales, además de fortalecer la educación digital a través de materiales estandarizados, campañas en redes sociales y colaboraciones interinstitucionales. Todas las campañas deben ser diseñadas, financiadas y ejecutadas por las autoridades públicas competentes, evitando que su implementación genere una carga para los concesionarios.
*mcam
