Proponen implementar programas para luchar contra la corrupción en San Pedro.
San Pedro.- La administración del municipio de San Pedro Garza García presentó una iniciativa ante el Congreso local, para implementar programas que combatan la corrupción en el área de adquisiciones.
Mariana Téllez, secretaria de la Contraloría y Transparencia del municipio, y el alcalde Miguel Treviño, acudieron a la Oficialía de Partes para proponer la reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de contar con herramientas que permitan detectar y erradicar prácticas corruptas en personas morales.
“Esta iniciativa que presentamos el día de hoy es una reforma al Código Penal del Estado, que pretende tener programas preventivos en las empresas y organizaciones que hagan excluir las responsabilidades a la empresa siempre y cuando tenga atención a estos programas de cumplimiento”.
La iniciativa busca en específico que se establezcan programas preventivos en empresas y organizaciones, con el fin de excluirlas de la responsabilidad en actos de corrupción, siempre y cuando cuenten con programas de cumplimiento que combatan dichos actos.
Según Téllez, el municipio ya contempla en su reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el hecho de que sus proveedores tengan programas de integridad, por lo que ahora se busca homologar el Código Penal para que se tengan también programas de prevención de delitos.
Esta propuesta surge del cambio a nivel nacional iniciado en 2016, además de la necesidad de trabajar de manera productiva con proveedores y contratistas, fomentando la corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción.
“La iniciativa obedece a la homologación que debemos hacer a nivel nacional desde el año 2016, a la productividad que tenemos nosotros que trabajar con nuestros proveedores, contratistas, fomentando esta corresponsabilidad en materia de corrupción, el municipio siempre ha tenido este tipo de iniciativas”, agregó la secretaria.
Por su parte, el alcalde independiente argumentó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas responde a exigencias internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción.
