Prohibida la venta de vapeadores: se impondrán multas y penas de cárcel.
La Cámara de Diputados ha dado su visto bueno a una enmienda de la Ley General de Salud que impone una prohibición total sobre la venta, distribución, comercialización e importación de vapeadores, así como de cualquier dispositivo electrónico que administre nicotina o sustancias inhalables.
El dictamen recibió apoyo mayoritario y establece penalizaciones que oscilan entre uno y ocho años de cárcel para quienes infrinjan la ley.
También se prevén multas que podrían alcanzar miles de unidades de medida y actualización, resultando en montos económicos significativos para fabricantes, importadores y comerciantes.
La reforma aclara que las sanciones no se aplicarán al uso personal; o sea, los consumidores no serán penalizados, sino aquellos que participen en cualquier actividad económica asociada a estos productos.
Razones detrás de la iniciativa
Durante la deliberación, los legisladores a favor subrayaron que los vapeadores conllevan un grave riesgo para la salud, especialmente entre jóvenes y adolescentes.
Argumentaron que la evidencia disponible demuestra efectos adversos en el sistema respiratorio y un aumento significativo en su consumo en grupos vulnerables.
Además, sostuvieron que, ante la escasa regulación y el rápido crecimiento del mercado, se requería cerrar cualquier opción de acceso comercial para prevenir lo que consideran una crisis de salud pública en expansión.
En contraste, los diputados de oposición advirtieron que la prohibición podría fortalecer el mercado ilegal, al dejar sin opciones seguras o reguladas a quienes buscan actualmente estos productos.
Algunos consideraron que la medida es demasiado restrictiva y que el país debería explorar modelos de control y vigilancia más equilibrados.
Próximos pasos en la reforma
El dictamen será enviado al Senado para evaluación y posible aprobación final.
Si la Cámara Alta lo aprueba sin cambios, la reforma se enviará al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Una vez en operación, será responsabilidad de las autoridades sanitarias y de las dependencias federales y estatales asegurar el cumplimiento de la prohibición y coordinar operativos contra la producción y venta clandestina de estos dispositivos.
Con información de Político MX
