Inmediatamente después, Intel y AMD fueron objeto de demandas.
El interior de un misil revela más de lo que parece a simple vista. Más allá de su función militar, es el resultado de un proceso que abarca diseño, fabricación y distribución a través de fronteras. Varios análisis en Ucrania han identificado componentes extranjeros en armas rusas. Este dato no explica completamente su origen, pero abre una investigación que conecta aspectos técnicos con el comercio internacional y la ley.
Esta pista se lleva al ámbito judicial. Recientemente, se presentaron varias demandas civiles en un tribunal estatal de Texas, en Dallas, por parte de ciudadanos ucranianos contra Intel, AMD, Texas Instruments y Mouser Electronics, un distribuidor de componentes vinculado a Berkshire Hathaway. Los demandantes argumentan que estas empresas no evitaron que chips restringidos fueran revendidos a Rusia por intermediarios, a pesar de las sanciones. La elección de Texas no es casual, dado que estas compañías tienen operaciones en el estado.
La acusación en una frase. Según Bloomberg, las demandas afirman que las empresas actuaron con «ignorancia deliberada» ante el desvío de chips hacia Rusia a través de intermediarios. Los demandantes sostienen que había señales suficientes de que componentes de estas compañías estaban siendo revendidos en violación de las sanciones estadounidenses, pero alegan que no se implementaron controles reforzados. Esta falta de acción se presenta como una acusación más amplia de negligencia corporativa en el control de exportaciones y prevención del desvío.
Entonces, ¿cómo llegan los chips? El contexto del litigio se relaciona con investigaciones que han señalado la inclusión de tecnología extranjera en armas rusas. Vladyslav Vlasiuk, comisionado presidencial de Ucrania para la política de sanciones, explicó en septiembre que muchos de estos componentes tienen usos duales y su entrada en programas militares suele ocurrir a través de intermediarios y empresas pantalla.
Las demandas no se basan solo en un planteamiento general, sino en episodios específicos. Los escritos mencionan cinco ataques ocurridos entre 2023 y 2025 que causaron muertes o lesiones a civiles en Ucrania. Según la documentación, uno de esos ataques involucró drones de fabricación iraní, mientras que otros se atribuyen a misiles de crucero KH-101 y Iskander de producción rusa. En varios casos, los demandantes afirman que los sistemas utilizados incluían componentes electrónicos asociados con las compañías mencionadas.
El objetivo de las demandas no se limita a los fabricantes. En los documentos judiciales se menciona a Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes con sede en Mansfield (Texas) y propiedad de Berkshire Hathaway desde 2007. Los demandantes alegan que Mouser facilitó transferencias de chips a sociedades pantalla controladas por intermediarios asociados a Rusia, y que sus decisiones y operaciones logísticas fueron un elemento clave de la conducta denunciada.
Postura de las compañías y sanciones. Las empresas mencionadas no han hecho comentarios públicos sobre el asunto. Sin embargo, han afirmado en el pasado que cumplen con los requisitos de sanciones, que detuvieron sus operaciones en Rusia al inicio de la guerra y que tienen políticas estrictas para asegurar el cumplimiento.
Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha intensificado los controles sobre la exportación de semiconductores y otros componentes electrónicos, pero los resultados han sido dispares. Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado concluyó el año pasado que componentes fabricados en Estados Unidos aún aparecen en armamento ruso. Las sanciones y los controles de exportación parecen no estar evitando que los chips occidentales acaben en manos de entidades relacionadas con el complejo militar ruso.
A partir de ahora, el desarrollo del caso dependerá de cuándo el tribunal procese las demandas y éstas sean visibles en el registro judicial. A partir de ahí, los jueces decidirán si el litigio avanza y en qué calendario. Independientemente del resultado, el caso plantea un tema complejo acerca de la responsabilidad en la reventa de componentes que culminan en un uso prohibido, con consecuencias humanas lejanas a su punto de origen.
Imágenes | Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0) | Rubaitul Azad
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