Inauguran órgano técnico que sustituirá al IFT; comienza el conversatorio.

Tras la declaración de la mayoría de los participantes en el primer conversatorio sobre la necesidad de limitar la discrecionalidad de una sola persona como máxima autoridad en telecomunicaciones y radiodifusión, el senador Javier Corral anunció que la presidencia está dispuesta a establecer un órgano colegiado que reemplace al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Les informo y advierto, basándonos en lo que hemos escuchado de la propia Presidenta de la República, iniciadora de este proyecto, que hay una disposición para buscar un órgano colegiado; un ente con especialización técnica. Ella misma está a favor de restringir la discrecionalidad política bajo el principio de que, hoy está ella, pero después ¿quién estará?

No se trata de un partido o figura momentánea, sino de instituciones pensadas para el mediano y largo plazo. Creo que ese es un tema fundamental a desarrollar. ¿Qué características debe tener este organismo? ¿Qué naturaleza jurídica? ¿Qué composición y perfil? ¿Qué funciones debería tener la Agencia, y cuáles el organismo? Todo eso está en la voluntad de la Presidenta de la República”, afirmó Corral al finalizar el primer día del conversatorio.

Durante aproximadamente siete horas, 22 participantes, incluyendo concesionarios, académicos, reguladores y organizaciones sociales, coincidieron en rechazar el poder excesivo que la nueva ley otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como a su director, José Antonio Peña Merino. Urgieron a modificar el esquema para garantizar autonomía y eliminar criterios discrecionales en la concesión y revocación de permisos, el manejo de datos personales de millones de usuarios y la estabilidad jurídica de las plataformas digitales.

Afirmó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que “ni Obama tuvo tanto poder”. Destacó que la agencia se asemeja a un nuevo Leviatán. José Antonio García, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), también pidió limitar el poder de la nueva autoridad del sector.

Javier Juárez, presidente del IFT, subrayó que contar con un regulador autónomo es parte de los derechos de los usuarios. Adriana Labardini, excomisionada del IFT, argumentó que las decisiones sobre el sector no pueden ser tomadas solo por una persona, haciendo hincapié en que la existencia del IFT y la ley actual ha beneficiado a los mexicanos, con reducciones significativas en el dominio de mercado por parte del agente preponderante en banda ancha fija y móvil.

Marina Martínez, representante de estaciones radiofónicas independientes, advirtió que la ley, tal como se plantea, amenaza la existencia de estas estaciones. El consultor Fernando Borjón sugirió aplicar al sector telecomunicaciones el mismo modelo de un organismo colegiado que se incluyó en la ley de competencia económica.

Alfredo Pacheco, vicepresidente de la Canieti, también expresó su preocupación por la concentración de poder en una sola persona, sin contrapesos. Ana Gaitán destacó la peligrosidad de crear un registro de usuarios de telefonía móvil, algo que ya fue declarado inconstitucional, pues busca vincular CURP y registros biométricos con un número telefónico, lo que supone un retroceso en los derechos de los ciudadanos, dejando el control en manos de una sola persona.

Gabriel Contreras, primer presidente del IFT y representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló las violaciones al Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que contiene la propuesta presidencial para el sector telecomunicaciones y radiodifusión.

La académica Denise Dresser criticó que la propuesta de ley favorezca únicamente a Morena, destacando una confusión entre lo público y lo que beneficia al partido; subrayó que los medios públicos han sido utilizados como propaganda del gobierno.

Alejandro Cabral, representante de radios comunitarias, lamentó que la ley mantenga restricciones que obstaculizan el crecimiento de estas alternativas. Criticó el artículo 201, que obliga a solicitar permiso a la Secretaría de Gobernación para transmisiones desde el extranjero.

Miguel Calderón, de la Cámara Internacional de Comercio en México, también mencionó violaciones al T-MEC y consideró las «facultades excesivas» de la agencia digital. Mario Berganza, director jurídico de Telcel, advirtió que los artículos 157 y Dieciocho Transitorio, si se mantienen, pueden perjudicar la certeza jurídica y la innovación, así como someter a los concesionarios a la constante amenaza de revocación de frecuencias.

PIDE RETIRAR EL ARTÍCULO POLÉMICO

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que si el artículo 109 de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones causa controversia, debe ser retirado para avanzar en el tema.

En una conferencia matutina, anticipó que José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, acudirá a una rueda de prensa para explicar la propuesta.

Para evitar debate y discusión sobre la posible censura, se eliminará ese artículo, permitiendo discutir el fondo sobre la competencia en telecomunicaciones en México, así como el derecho de las audiencias y de las radios comunitarias a acceder a información veraz”, puntualizó.

Aclaró que la ley no busca censurar a los medios de comunicación, sino regular el internet, la telefonía celular, la telefonía fija, las bandas de satélites, entre otros temas relacionados con las telecomunicaciones.

-Arturo Páramo

SIN ARMAS PARA EVADIR CRIMINALES

Adriana Labardini, excomisionada del IFT, alertó que ni la legislación actual ni la propuesta presidencial de ley en radio y televisión incluyen normas que eviten la intromisión del crimen organizado en las concesiones del sector, cuyas víctimas también sufren amenazas y robo de su infraestructura.

Durante su intervención en el primer Conversatorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Labardini reveló que uno de los desafíos más difíciles para el IFT fue contener riesgos de infiltración del crimen organizado.

Tuvimos problemas porque carecemos de herramientas legales para impedir que solicitantes vinculados a grupos económicos o crimen organizado se conviertan en concesionarios. ¿Tendrá la Agencia esa capacidad?… Es un tema delicado”, planteó.

-Leticia Robles de la Rosa