Montoro fue alertado de una actuación judicial del 'caso Pokémon': “Mañana Vigilancia Aduanera hará registros”
El 21 de julio de 2014 a las 20.20 horas el entonces jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Felipe Martínez Rico, alertó a su jefe, Cristóbal Montoro, de que al día siguiente el Servicio de Vigilancia Aduanera, que actuaba por orden de la jueza que instruía el denominado caso Pokémon, Pilar de Lara, iba a llevar a cabo diferentes registros en la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, dos instituciones que estaban gobernadas por oponentes políticos, en concreto por los socialistas José Ramón Gómez Besteiro y José López Orozco, respectivamente.
Recreación de un correo electrónico destinado a Cristóbal Montoro sobre el caso Pokémon. / NACHO GARCÍA
Así consta en un correo electrónico, cuyo contenido ha podido consultar esta redacción, que tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si miembros del despacho Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro del PP Cristóbal Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por este periódico.
Mañana y pasado mañana el Servicio de Vigilancia Aduanera hará registros en la Diputación y en el Ayuntamiento de Lugo, por decisión del juez que lleva la instrucción de Pokémon
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El mencionado email, que es uno de los que entregó el Ministerio de Hacienda tras reclamarlo la fiscal Carmen García Cerdá, da datos concretos de la operación que había ordenado la entonces titular Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara: «Mañana y pasado mañana el Servicio de Vigilancia Aduanera hará registros en la Diputación y en el Ayuntamiento de Lugo, por decisión del juez que lleva la instrucción de Pokémon«.
Vigilancia Aduanera es una Dirección Adjunta que depende, orgánica y funcionalmente, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y está integrada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que pertenece al Ministerio de Hacienda.
Funcionarios imputados
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En el mensaje, Felipe Martínez Rico también informa al entonces ministro del Gobierno del PP de que el «objetivo» del registro era «localizar información de los equipos informáticos de varios funcionarios que ya están imputados en la instrucción del caso«.
Cristóbal Montoro. / EFE
La prensa publicó el 22 de julio de 2014 la actuación judicial que el jefe de gabinete de Montoro había adelantado un día antes al ministro de Hacienda. El Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que este periódico, informaba de que agentes de Vigilancia Aduanera habían acudido a las dependencias de la Diputación de Lugo por orden de la jueza, para solicitar el volcado informático de los ordenadores de dos funcionarios, una trabajadora de la Unidad de Proyectos y otro del antiguo Instituto Lucense de Desarrollo Económico e Social (Inludes).
Sin embargo, al llegar hacia las 10.30 horas los agentes de Vigilancia Aduanera a las dependencias del órgano provincial, estos fueron informados de que la Policía Nacional había realizado meses antes un volcado de los contenidos del ordenador de la funcionaria de la Unidad de Proyectos, aunque en relación a otras pesquisas.
Jueza de apoyo
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En este caso, la orden partió de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, que había desplazado a agentes policiales a la Diputación de Lugo para requerir el volcado informático de este mismo ordenador, en el marco de una investigación sobre el desvío de miles de euros en las obras de una piscina y un polideportivo. Esta causa no tenía relación con el caso Pokémon, que versaba sobre una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos lucenses a cambio de la concesión de servicios.
Recreación de un correo electrónico enviado a Montoro sobre el caso Pokémon. / NACHO GARCÍA
Un segundo correo electrónico, que obra en poder del magistrado de Tarragona fue enviado por Felipe Martínez Rico a Montoro, de fecha 17 de septiembre de 2014. Es el final de una cadena de emails que se inicia con un mensaje de Daniel Gómez Aragón, quien entonces era Director del Gabinete del Director General de la Agencia Tributaria. Su primer destinatario fue Rogelio Menéndez Menéndez, hermano del entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez. Y el mensaje también fue dirigido a José María Buenaventura Zabala, Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda. El asunto era transparente sobre el caso que iban a abordar: “Trascendencia mediática: Pokémon”.
“Ya ha salido en prensa local de Galicia que la Magistrada del JI nº 1 de Lugo en el marco de las DP 972/2011 (Pokémon), ha emitido diversos oficios en los que solicita la aportación de la cuenta de tesorería del PP en diversas localidades durante los meses de mayo y junio de 2011”, especifica el email, que prosigue: “Entre hoy y mañana se procederá por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) a entregar estos oficios en las distintas localidades gallegas afectadas”.
Es Policía Judicial
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El correo electrónico finaliza recordando a sus superiores que Vigilancia Aduanera “está como Policía Judicial y nada más podemos saber del caso ahora mismo, o acerca de las próximas decisiones que en su caso pueda adoptar la Jueza. Un saludo. Daniel”.
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En el caso Pokémon fueron investigados por la jueza Pilar de Lara los socialistas José Ramón Gómez Besteiro y José López Orozco, que fueron exonerados por la Justicia de todos los cargos. Ambos fueron obligados a dimitir de sus cargos tras ser imputados por diferentes delitos en el marco de esta causa judicial. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acabó imponiendo a la jueza, ahora destinada en Ponferrada (León), “una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”.
Un expediente contra la fiscal
Los emails, que evidencian las maniobras de la cúpula de Hacienda con Montoro de ministro, están en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 Montoro y del que se desvinculó dos años después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.
El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electrónicos que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal Carmen García Cerdá que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupción conminó a la fiscal, «ante las discrepancias ya surgidas en relación con la dirección de esta causa», que se sometiera «al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos» sobre el procedimiento.
Además, Luzón ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción. Finalmente, el promotor de la acción disciplinaria del Ministerio Fiscal, Manuel Moix, ha finalizado su pliego de cargos contra la fiscal Carmen García Cerdá, en el que propone una sanción de 1.000 euros por desobedecer a su jefe. Sin embargo, el que tiene la última palabra es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tendrá que refrendar o no la decisión de Moix.
De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusación, la fiscal podría ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta última acarrearía su expulsión de Anticorrupción, y por tanto del procedimiento.
El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, uno de los autores de los correos electrónicos, es hermano de Ricardo Martínez Rico, que está imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también están investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fundó Montoro en 2006.
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