Arresto, destrucción del rancho y operación policial en Bahía reavivan el debate sobre la criminalización de la defensa de los territorios ancestrales.

Movimiento social y entidades legales denuncian persecución política; manifiestan por la libertad de los detenidos y la regularización de tierras

El lunes 19, las comunidades de Brejo Verde y Aparecida en Corntina, Bahía, amanecieron bajo la vigilancia de fuerzas de seguridad. Los residentes reportan que los agentes llegaron en ocho vehículos de la policía civil y militar, ingresando a las casas sin orden de allanamiento ni justificación.

Esta acción se produjo tres días después del arresto de dos miembros de Brejo Verde. El 16 de mayo, Solange Moreira Barreto e Silva, agente de salud comunitaria y activista del movimiento MAB, y su esposo Vanderlei, fueron detenidos por la policía federal en el aeropuerto de Río de Janeiro durante un viaje programado para 2024.

El juez Thiago Borges Rodrigues, del Tribunal de Justicia de Bahía, emitió la orden de arresto, y otras cuatro órdenes también fueron emitidas contra trabajadores de la región, cuyos nombres aún no han sido divulgados.

La abogada de la pareja, Ana Paula Moreira Caitano, solo pudo acceder a los documentos del caso el lunes, lo que provocó que la audiencia se llevara a cabo sin su representación legal. Este hecho ha sido denunciado como una violación al derecho a una defensa adecuada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Juliana de Athayde, de la Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales (AATR), señaló que la audiencia se realizó sin los acusados conocer adecuadamente los cargos. A pesar de las graves acusaciones, no existen pruebas concretas y los arrestos son considerados políticos en un contexto de conflicto de tierras en la región.

Al margen de AATR y MAB, la Red Nacional de Abogados Popular también está involucrada en el apoyo legal. El Tribunal de Justicia de Bahía se limitó a comentar que el caso está bajo secreto de justicia, mientras que la Policía Civil anunció que investigan por delitos de intento de asesinato y posesión ilegal de armas.

El clima en la región se ha vuelto tenso, con actos de violencia previos que incluyen la destrucción de un rancho comunitario. Organizaciones advierten que esto es parte de una histórica represión a comunidades tradicionales, intensificada por el arresto de líderes locales. Se realizaron manifestaciones exigiendo la liberación de Solange y Vanderlei, y denunciando la situación crítica que enfrentan estas comunidades.