La compra, venta, transporte, distribución, preparación, importación, exportación ilegal de drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, mandrax, benzodiacepinas, fentanilo y sus derivados, se considera ahora como un delito sin derecho a libertad condicional en México, ya que se incluyeron en el catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva obligatoria.
Con 94 votos a favor, incluyendo siete panistas: Miguel Márquez, Guadalupe Murguía, Juan Antonio Martín del Campo, Mauricio Vila, María de Jesús Díaz, Mario Vázquez y Agustín Dorantes, el Senado aprobó ayer por la noche esta reforma, con 34 votos en contra. Ahora debe ser avalada por los Congresos estatales.
La reforma al artículo 19 constitucional incluye como delitos que ameritan prisión preventiva obligatoria la «extorsión, delitos relacionados con la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, venta, compra, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados».
También se consideran delitos graves que determinen las leyes aquellos relacionados con «la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con facturación falsa, de acuerdo a lo establecido por la ley».
Además, se establece que «los órganos del Estado deben ceñirse a la literalidad de las normas previstas en este párrafo, quedando prohibida cualquier interpretación extensiva que pretenda modificar o anular sus términos, ya sea total o parcialmente».
OPINIONES EN CONTRA DE LA REFORMA
El senador Clemente Castañeda del MC señaló que «creemos que la prisión preventiva sin juicio es un error que afecta principalmente a los más pobres. No es efectiva para combatir la delincuencia y no contribuye a acabar con la impunidad».
Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos del PT afirmó que la reforma «no significa una violación de los derechos humanos, sino una medida necesaria para proteger valores superiores como la vida, la seguridad y la integridad de las personas».
En tanto, Karla Toledo del PRI propuso que «la justicia solo se puede lograr a través de un juicio justo, garantizando el respeto a la dignidad de las personas. Creemos en una justicia que imponga penas severas para los delitos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, proponiendo cadena perpetua para los responsables de estos crímenes atroces».
El senador Francisco Ramírez Acuña del PAN declaró que «no puedo apoyar una minuta que vulnera la dignidad y la integridad de las personas al otorgarle al Estado el poder de acusar injustamente a los ciudadanos, ya sea por errores u omisiones de la institución de justicia o por motivos de acciones dolosas, persecutorias o de venganza, como ha ocurrido en varias fiscalías del país».
