Deterioro de las instituciones debido al conflicto político en NL: Waldo Fernández
Monterrey.- Waldo Fernández, diputado local de Morena, asegura que el conflicto político en Nuevo León ha dañado la reputación de las instituciones estatales.
Estas declaraciones surgieron luego de que se revelara que Samuel García, gobernador de Nuevo León, su familia y miembros de su gabinete, solicitaron un amparo para evitar posibles detenciones.
Waldo Fernández califica este amparo como un caso de «persecución política», y considera que la confrontación entre Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN no tiene fundamentos válidos.
«El uso parcializado de las instituciones ha llegado a un punto inconcebible, donde el Ejecutivo Estatal y su familia se amparan contra lo que ellos llaman persecución política. Por otro lado, el PRIAN también ha utilizado herramientas legales alegando lo mismo desde el Ejecutivo Estatal. La pelea entre MC y PRIAN es absurda y carente de razonamiento», declaró Waldo Fernández.
Para Waldo Fernández, el daño a las instituciones debido a este conflicto político también conlleva una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, dejando sin efecto los años de trabajo en la reputación de estas instituciones.
«No se está promoviendo una visión de Estado, ya que en medio de este conflicto, las instituciones se deterioran día tras día, lo cual provoca que los ciudadanos pierdan confianza y credibilidad en ellas. Son instituciones que llevaron años construir y ganarse su reputación, como aquellas encargadas de temas medioambientales, laborales, tributarios, de justicia, Protección Civil o garantizar el acceso al agua», expresó Waldo Fernández.
¿En qué consiste el amparo solicitado por Samuel García?
Samuel García afirma tener información anónima de que el PRI y el PAN buscan fabricar acusaciones en su contra. Por ello, el gobernador obtuvo una suspensión de amparo tanto para él como para 11 miembros de su familia.
García ha denunciado presiones para que abandone sus aspiraciones políticas de 2024. La resolución protege contra la ejecución de órdenes de aprehensión y audiencias en procesos penales para García, sus padres, hermanos, esposa, suegros, cuñados y concuño.
También se les otorgó acceso a todas las carpetas de investigación en su contra y contra sus familiares, según fuentes cercanas al caso.
