Cuatro años de negligencia: El Senado pone en peligro el sistema anticorrupción.
Con una falta de acción que persiste desde 2021, el Senado de la República ha llevado al Sistema Nacional Anticorrupción a una crisis inminente, ya que el próximo 28 de enero solo quedarán dos miembros en el Comité de Participación Ciudadana, el núcleo fundamental del Sistema. A pesar de que han transcurrido cuatro años, los senadores no han formado la Comisión de Selección, la cual es responsable de elegir a los ciudadanos que dinamizan el Sistema.
La última integración de la Comisión de Selección ocurrió el 10 de diciembre de 2020 por un periodo legal de tres años, pero tras la renuncia de un miembro el 18 de septiembre de 2021, solo quedaron ocho de los nueve integrantes necesarios.
Aunque el Senado lanzó la convocatoria para reemplazarlo y su Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana trabajó durante tres meses en el proceso de selección, el pleno nunca realizó la elección correspondiente.
A medida que se acerca el final del periodo de la Comisión de Selección elegida en 2021, el Senado no ha emitido la convocatoria pertinente, lo que significa que desde diciembre de 2023 no hay Comisión de Selección, impidiendo así el llenado de dos vacantes en el Comité de Participación Ciudadana, la primera de las cuales se registró en febrero de 2024 y la segunda en febrero de este año.
En la actualidad, el Comité de Participación Ciudadana solo cuenta con tres de sus cinco integrantes, y su presidenta, Vania Pérez Morales, que además es presidenta del Sistema, terminará su mandato el 28 de enero de 2026, sin que el Senado haya realizado convocatoria alguna para reactivar la Comisión de Selección y cubrir así las tres vacantes existentes.
Tras la salida de Vania Pérez, solo permanecerán Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón, quienes no poseerán las facultades necesarias para sesionar, emitir acuerdos, o convocar al sistema, dado que no podrán alcanzar el quórum legal.
El artículo 113 de la Constitución Política establece que «el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.»
Para llevar a cabo su función… el Sistema estará conformado por un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal que supervise el control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana;
El Comité de Participación Ciudadana deberá estar compuesto por cinco ciudadanos destacados en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, quienes serán designados conforme a lo estipulado por la ley.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción especifica en su artículo 18 que «los miembros del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento: el Senado de la República formará una Comisión de Selección constituida por nueve ciudadanos, durante un periodo de tres años, de la siguiente manera.
(Esta Comisión de Selección) convocará a instituciones de educación superior y de investigación a proponer candidatos, con documentos que respalden los perfiles requeridos en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en criterios establecidos en la convocatoria, considerando que sean reconocidos por su contribución en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Asimismo, convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos que el inciso anterior.
Se aclara que «el cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Los que ocupen dicho cargo no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años a partir de la disolución de la Comisión de Selección.»
La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria para realizar una consulta pública nacional abierta a la sociedad en general, permitiendo postulaciones para ocupar el cargo. Definirá la metodología, plazos y criterios de selección que serán públicos; incluyendo el registro y evaluación de aspirantes.
Deberá hacer pública la lista de aspirantes, los documentos presentados para inscripción en versiones públicas, el cronograma de audiencias; en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, y se determinará el plazo para la designación que se llevará a cabo en una sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.
COLAPSO FUNCIONAL:
A pesar de los intentos por sesionar, el sistema enfrenta constantes desafíos
- A partir del 28 de enero de 2026, el CPC contará únicamente con dos integrantes (Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón), quienes no podrán sesionar ni emitir acuerdos debido a la falta de quórum legal.
- Existen actualmente dos vacantes en el CPC (registradas en febrero de 2024 y febrero de este año) que no pueden ser cubiertas debido a que desde diciembre de 2023 no hay una Comisión de Selección activa.
- Organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han revelado que el 75.75% de los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en México han sido debilitados por omisiones en nombramientos obligatorios.
CONSTRUIDO CON Y POR CIUDADANOS
La reforma constitucional anticorrupción y las leyes que surgieron de ella contaron con la participación activa de organizaciones como Transparencia Mexicana, Fundar y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), entre otras; lo que lo convierte en uno de los procesos legislativos más ciudadanos. Sin embargo, desde su inception ha enfrentado diversas dificultades.
El sistema se constituyó oficialmente en 2016, tras la publicación de la ley relacionada con las disposiciones constitucionales, pero comenzó sin el Fiscal Anticorrupción ni los magistrados anticorrupción, que fueron establecidos debido a disputas políticas entre el PRI y el PAN.
En enero de 2017, los acuerdos se paralizaron porque el PRI incluyó en su agenda de trabajo del Senado que los nombramientos pendientes del Fiscal y magistrados anticorrupción serían una prioridad, mientras que los panistas condicionaron el avance sobre estos nombramientos a la conclusión de reformas constitucionales necesarias para optimizar el funcionamiento de las Fiscalías.
Ahora, la inacción del Senado tiene al sistema en una crisis, a pesar de que su Comité de Participación Política ha continuado trabajando, incluso emitiendo un acuerdo para esclarecer información en torno al líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien tiene la capacidad de decidir sobre el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción.
-Leticia Robles de la Rosa
CONGRESOS ESTATALES IGNORARON ALERTAS
La falta de acción de los senadores en las LXIV, LXV y LXVI Legislaturas al no nombrar a los integrantes de la Comisión de Selección, así como la inacción de los diputados locales respecto a los sistemas estatales anticorrupción, ha sido denunciada desde hace un año por organizaciones civiles, pero ha sido ignorada.
En abril de 2024, a través de la plataforma Mexiro, A.C., 11 organizaciones de la sociedad civil, seis defensores de derechos humanos y 10 integrantes de los sistemas anticorrupción criticaron la omisión del Senado y los congresos estatales, así como la mala práctica de designar 20 magistraturas administrativas por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en enero de 2024, argumentando que “tienen conflictos de interés variados”.
Revelaron que el 75.75% de los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en México han sido debilitados por la falta de acción de senadores y diputados estatales en nombramientos obligatorios de comisiones de Selección, comités de Participación Ciudadana, secretarías Ejecutivas, fiscalías Anticorrupción y más.
Las organizaciones emitieron un pronunciamiento exigiendo a los Congresos estatales y al Senado que inicien y/o concluyan los nombramientos pendientes para los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.
Estas omisiones evidencian la desarticulación y supresión de los Sistemas, que deben ser una herramienta para la coordinación entre diferentes autoridades en prevención, investigación y sanción de acciones administrativas y corrupción, así como en la fiscalización de recursos públicos.
A solo meses de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y notoriamente en su último año de gestión, la falta de nombramientos y la posible desaparición de estos sistemas anticorrupción representan una forma de corrupción estructural que favorece la opacidad.
Sin embargo, su pronunciamiento no tuvo una respuesta positiva ni en el Senado ni en los congresos estatales.
El gradual desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción comenzó en diciembre de 2019, cuando el Senado decidió congelar la ratificación de los nombramientos de Eber Omar Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres Orozco como integrantes de la tercera sesión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, responsables de juicios por corrupción de servidores públicos; estos nombramientos se perdieron en el tiempo, justificándose en su relación con partidos políticos.
Sin embargo, a seis años de distancia, es evidente que los últimos nombramientos en ese Tribunal han recaído en personas asociadas con el partido Morena.
cva
