Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura celebraron los 200 años del Poder Judicial de Yucatán, que se cumplieron el pasado sábado 31 de mayo.
La presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, junto a otros magistrados y los cuatro consejeros que conforman ambos órganos, llevaron a cabo un par de ceremonias en las que se develaron placas conmemorativas de esta importante efeméride.
Frente a la sede del poder estatal, ubicada en la avenida Canek, Canto Valdés y los magistrados descubrieron una placa que celebra los dos siglos de existencia de esta institución encargada de impartir justicia.
Estuvieron presentes las magistradas Graciela Torres Garma, Lizette Mimenza Herrera, Patricia Gamboa Wong, Leticia del Socorro Cobá Magraña y Sary Ávila Novelo, así como los magistrados Adolfo González Martínez, Alberto Salum Ventre, Mario Israel Correa Ríos, José Rubén Ruiz Ramírez, Mauricio Tappan Silveira, Luis Armando Mendoza Casanova y José Pablo Abreu Sacramento.
En la explanada del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), al sur de esta capital, Canto Valdés dirigió otra ceremonia de develación de placa junto a los consejeros de la Judicatura: María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrera Irabién y Níger Poil Pool de Juanelvaro. Laviada.
De acuerdo con diversas fuentes históricas, entre ellas el libro «La justicia en Yucatán. Origen del Poder Judicial. Desde sus más remotos antecedentes hasta la Constitución de 1825» de Jorge Luis Rodríguez Losa, quien también fue magistrado, este decreto formó parte de un conjunto de medidas legales y administrativas tomadas por el congreso constituyente para establecer la organización del poder estatal, incluyendo la creación de un Tribunal Superior de Justicia. Esto sentó las bases para el funcionamiento de los tribunales y la administración de justicia en Yucatán.
Además de establecer la estructura del Tribunal Superior de Justicia, el Decreto 35 y otros relacionados definieron los procedimientos para la elección y designación de magistrados. Estas disposiciones legales fueron cruciales para la organización y las funciones del sistema judicial en Yucatán durante el periodo de la República.
