En una sesión que no se transmitió en vivo ni fue convocada públicamente en la Gaceta, las comisiones del Senado dieron su aprobación a la nueva Ley General de la Guardia Nacional. Esta legislación permitirá a la Guardia Nacional establecer plazos obligatorios para que los gobiernos estatales y municipales colaboren en materia de seguridad pública, mientras se lleva a cabo la profesionalización de sus cuerpos policiacos.
Con 14 votos a favor y 6 en contra, las comisiones unidas de Guardia Nacional y Estudios Legislativos Primera autorizaron a la Guardia Nacional a intervenir conversaciones telefónicas en la investigación de delitos federales como el secuestro, la extorsión y el crimen organizado.
La Guardia Nacional se transformará en el soporte policial del Ejército, con fuero militar, y actuará a nivel nacional para abordar delitos tanto federales como locales. Tendrá la capacidad de intervenir comunicaciones y colaborar con las autoridades estatales.
Este cuerpo policial estará bajo el control del Senado, que requerirá un informe anual sobre todas sus operaciones en el país.
El personal de la Guardia Nacional, por los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones policiales, estará sujeto al fuero federal y a la jurisdicción militar para los delitos estipulados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar”, especifica la reforma.
Además, menciona que “en caso de faltas que constituyan delitos, se regirá por la legislación penal militar y del fuero federal o común, según corresponda. En cuanto a las responsabilidades administrativas, se cumplirán con lo que indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Los gobernadores y alcaldes que soliciten el apoyo de la Guardia Nacional deberán comprometerse por escrito a profesionalizar a sus fuerzas policiacas y cumplir con plazos exigidos por la ley.
“Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades estatales y municipales serán establecidos en convenios de colaboración que se suscribirán entre el secretario de la Defensa, el titular del Poder Ejecutivo estatal y, en su caso, los presidentes municipales involucrados.
Estos convenios establecerán las condiciones para la conclusión de las tareas asignadas a la Guardia Nacional, asegurando que las instituciones de seguridad pública local asuman plenamente dichas responsabilidades.
Asimismo, se implementará un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, con objetivos claros, instrumentos de seguimiento, evaluación e indicadores que permitan a estas entidades cumplir con sus funciones y obligaciones”, indica la resolución.
La nueva ley otorgará a la Guardia Nacional facultades para “realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web, con el objetivo de prevenir conductas delictivas; desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad que faciliten la obtención de datos sobre actividades relacionadas con delitos.
Asimismo, se establece que los generales y jefes del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional podrán ser suspendidos hasta por 30 días por mala conducta, de acuerdo con la reforma a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, que ahora incluirá a la Guardia Nacional, y que ordena la creación del Consejo Supremo de Disciplina.
La reforma también aclara que “el informe que el Ejecutivo federal presente al Senado de la República incluirá, como mínimo, los nombramientos para los cargos establecidos en el artículo 21 de esta ley y las asignaciones realizadas a las personas responsables de las Coordinaciones Territoriales y Estatales”, entre otros datos que deberá contener el informe.
Recientemente, el pleno del Senado recibió en primera lectura esta reforma, que podría ser aprobada durante el fin de semana.
