Las pulseras antimaltrato, pensadas como una solución técnica a un problema social, están provocando un aumento de incidencias.
El sistema Cometa, que gestiona las pulseras de control antimaltrato, registró este martes una nueva incidencia técnica que provocó una sobrecarga del servicio durante varias horas. El fallo obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de emergencia para garantizar la seguridad de las aproximadamente 4.500 mujeres que utilizan estos dispositivos. En los últimos meses, estas pulseras han generado discusión por los problemas que han ocasionado. Aunque prometían solucionar un gran problema, también han traído otros paralelos.
Qué ha fallado exactamente. Este último problema se ha localizado en un enrutador que distribuye los mensajes de alerta según el tipo de incidencia (entrada en zonas de exclusión, manipulación del dispositivo, batería baja, etc.). Según Igualdad, cerca del 10% de estos mensajes ha generado incidencias recurrentes que han colapsado el sistema.
El fallo se detectó a las 4:30 de la madrugada y el servicio no recuperó la estabilidad hasta las 17:25 horas, aunque la normalización completa no llegó hasta las 21:00 horas. Durante este tiempo, el botón del pánico, las llamadas de emergencia y las alertas por Bluetooth se mantuvieron operativas, según informaba el ministerio.
La respuesta del Gobierno. Desde el momento en que se detectó la incidencia, se activó el protocolo previsto para estas situaciones: las 4.500 usuarias del servicio recibieron mensajes de texto informándoles del problema y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron alertadas para reforzar la vigilancia.
La ministra Ana Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, se trasladaron a la sede del servicio Cometa y mantuvieron contacto directo con la UTE Vodafone-Securitas, empresa responsable del sistema. «Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis», ha asegurado Redondo en un mensaje difundido por redes sociales.
Un dispositivo que acumula problemas. Esta incidencia llega apenas dos meses después de que la Fiscalía General del Estado destapase un error aún más grave: durante el traspaso de la gestión de Telefónica a Vodafone, se perdió durante varios meses el acceso a los datos de geolocalización de cientos de agresores. Esto provocó, según la memoria anual de la Fiscalía, «una gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones en casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento, ya que los jueces no pudieron disponer de las pruebas necesarias.
Aquel episodio generó una fuerte polémica política, con el PP pidiendo la dimisión de Redondo, quien defendió que las víctimas nunca estuvieron en peligro y criticó la «falta de prudencia» de la Fiscalía al hacer público el fallo sin aportar datos concretos.
Una tecnología en entredicho. Lo que en su momento se presentó como una solución tecnológica eficaz para proteger a las víctimas de violencia de género está mostrando que también cuenta con importantes limitaciones. El Gobierno ha anunciado que la próxima licitación del servicio, prevista para la primavera, incluirá «mejoras técnicas» y que actualmente se está llevando a cabo una auditoría para comprobar si Vodafone está cumpliendo con el contrato. «Investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas», ha advertido Redondo.
Más allá de la tecnología. Pese a las incidencias, las pulseras antimaltrato siguen siendo consideradas una herramienta valiosa. Desde su implantación en 2009, ninguna mujer que portase uno de estos dispositivos ha sido asesinada. El ministerio insiste en que el sistema de protección va más allá de la tecnología e incluye una «red institucional» de profesionales que garantiza la seguridad de las víctimas. Sin embargo, también hemos sido testigos de que la tecnología puede fallar, y precisamente es en estos casos cuando hay que evitar que esto ocurra en todo momento.
Imagen de portada | EFE (Herbert Neubauer) y Policía Nacional
