A pesar de la falta de regulación, la ley centraliza la gestión de registros de plaguicidas en Mapa; Agricultura se ha reunido al menos siete veces con industrias de pesticidas para discutir regulaciones
La nueva ley de pesticidas sancionada en diciembre presenta múltiples problemas desde su inicio. Una de las preocupaciones principales es el cambio estructural que introduce al centralizar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) la coordinación de los análisis de registro de plaguicidas. Esto implica que estos análisis serán definidos por Agricultura, el único órgano responsable de otorgar el registro. Sin embargo, la ley aún no ha sido reglamentada, dejando en un limbo de competencias a Ibama y Anvisa.
El Senado aprobó el texto en régimen de urgencia, a pedido de la senadora Tereza Cristina (PP-MS), exministra de Agricultura del gobierno Bolsonaro y miembro de la bancada ruralista. Esta nueva estructura no cuenta con la figura del Comité Técnico Asesor para Agrotóxicos (CTA), eliminando el chequeo y equilibrio anterior. Esta centralización del registro de plaguicidas en Mapa representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente en un país que es líder mundial en el uso de agroquímicos.
Límites en las competencias
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Con información de O Joio e O Trigo
