Crecen las violaciones a los Derechos Humanos, pero se imponen menos castigos.

A pesar de que el año pasado los organismos nacionales y estatales de derechos humanos registraron un 9% más de violaciones a las garantías individuales en comparación con 2021, el número de funcionarios sancionados es el más bajo en siete años.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal 2023, del Inegi, durante 2022 se registraron 156,743 hechos presuntamente violatorios en los expedientes de queja, contra 143,619 del año previo.
Del total correspondiente a 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concentró 23,749 expedientes, contra 132,994 de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de cada entidad federativa.
Por tipo, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el hecho más frecuente, con un 8.4% del total. La CDMX y Jalisco destacaron como las entidades con la mayor cantidad de hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de quejas.
Entre las instituciones, secretarías y organismos con más expedientes ante la CNDH destaca el Instituto Nacional de Migración (INM), con un incremento del 70% en un año, al pasar de 1,239 en 2021 a 2,141 en 2022.
Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el más señalado ante el organismo nacional, con 3,789 expedientes, 22% del total.
En lo que respecta a los organismos locales, en 22.2% de los expedientes, la institución más señalada como probable responsable fue la Fiscalía General o Procuraduría General de Justicia.
Además, derivado de las recomendaciones emitidas por la CNDH y los OPDH, en 2022 se sancionó a 207 servidores públicos, 64% menos respecto de 2021 y la menor cifra desde 2016, cuando hubo 1,285 funcionarios sancionados.
De acuerdo con el tipo de sanción que se emitió, la amonestación o apercibimiento fue la de mayor frecuencia en 2021 y 2022.
En cuanto a la institución de procedencia de los servidores públicos sancionados en la CNDH, las seis principales en 2022 fueron Secretaría de Marina (cinco), INM (cuatro), FGR (dos), organismos autónomos federales (dos), IMSS (uno) y Secretaría de Salud (uno).
En el caso de los OPDH, la institución encargada de la seguridad pública fue la institución de procedencia que presentó la mayor cantidad de funcionarios sancionados, con 90, lo que representó una disminución de 34.8% respecto a 2021.
A nivel nacional, se promovieron 16,191 medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos. Según su tipo, en la CNDH 41.2% correspondió a recomendaciones y, en los OPDH, 65.1% a conciliaciones. En contraste con 2021, el total de medidas y acciones disminuyó 12.5 % en la CNDH y 20.8% en los OPDH.
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