A ocho meses del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado se ha dirigido hacia el último eslabón de la política mexicana: los alcaldes.
Desde secuestros hasta ataques a balazos, los presidentes municipales se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante la amenaza de individuos que no hacen distinciones de partido, religión o clase social.
El evento más reciente tuvo lugar el 17 de junio en Tepalcatepec, Michoacán, donde hombres armados asesinaron a la alcaldesa Martha Laura Mendoza (Morena) al salir de su casa junto a su esposo.
Desde entonces, varios ediles han expresado su inquietud por el incremento de la violencia dirigida hacia ellos.
Arturo Alvarado Mendoza, sociólogo y experto en justicia, derechos humanos y seguridad de El Colegio de México (Colmex), afirmó que la violencia política, especialmente el asesinato de alcaldes, está vinculada al crimen organizado, con varios factores que contribuyen, como el control de los recursos municipales, el territorio y la administración.
“Es crucial observar los recursos manejados dentro del ayuntamiento, así como la necesidad de controlar el territorio como parte de las actividades criminales o de la propia administración.»
El especialista destacó que uno de los motivos que permite la impunidad en estos crímenes es que raramente se encuentran consecuencias.
“Este fenómeno ocurre con una sistemática impunidad en el país. Prácticamente, ninguno de los casos que han sucedido en los últimos diez años se ha resuelto”, afirmó.
Esto, explicó, lleva a que las víctimas no sean solo funcionarios, sino también sus familiares y allegados políticos.
PUGNAS INTERNAS
Para Manuel Pérez Aguirre, investigador asociado en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, la violencia contra los alcaldes no es exclusivamente impulsada por el crimen organizado, sino que también involucra luchas políticas internas entre partidos y facciones, especialmente en áreas rurales.
“Este conflicto a menudo involucra familias que han gobernado durante tres décadas, y a medida que se enfrentan, se alternan en el poder”, apuntó. “Esta dinámica de cacicazgos que ya existía se está intensificando”.
Pérez Aguirre destacó que la adopción por Morena de prácticas asociadas al PRI, como la venta de candidaturas, podría tener un impacto negativo en los políticos locales.
“Está documentada la situación de: ‘vendo candidaturas para olvidar el problema, pero necesito que me des votos’”, expuso.
También se observan nuevas élites que, a pesar de no haber estado en el poder antes, están recibiendo recompensas políticas”.
SIN PROTECCIÓN
Desde que Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre, ocho alcaldes han sido asesinados: tres en Oaxaca, dos en Michoacán, dos en Guerrero y uno en San Luis Potosí.
De estos, tres pertenecían a Morena; dos al Partido del Trabajo (PT), un aliado del gobierno; dos operaban bajo el sistema de Usos y Costumbres, y uno estaba respaldado por la coalición PAN-PRD-PRI.
Tanto Pérez Aguirre como Alvarado Mendoza coinciden en que los municipios son especialmente vulnerables, dados los escasos recursos y la insuficiencia de las fuerzas policiales.
“Hay un deterioro profundo en la protección a las autoridades, lo que revela la fragilidad y vulnerabilidad de muchos funcionarios públicos locales”, señaló Alvarado.
Los expertos sostienen que no solo es necesario reforzar las instituciones judiciales federales, como la Guardia Nacional, sino que si los gobernadores no llevan ese apoyo a las comunidades, estas quedan desprotegidas.
La debilitación de las fuerzas policiales municipales, junto con su falta de recursos y capacitación, así como su propensión a ser cooptadas por organizaciones criminales, también se considera un factor relevante.
“Un problema es que se otorgó demasiado poder al municipio sin capacitación suficiente. Uno de los grandes problemas de la seguridad en México es que la policía sea municipal. Simplemente, no tienen la capacidad ni la fuerza”, puntualizó Pérez.
Los expertos señalaron que, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos han intentado que las policías operen con un presupuesto muy reducido, lo que dificulta proporcionar seguridad.
“Hay una gran responsabilidad en territorios vastos, con múltiples problemas, sin los recursos adecuados”, comentaron.
“Durante el anterior sexenio, a todos los alcaldes les redujeron recursos… hay escasez de dinero y mucha responsabilidad, lo que los deja vulnerables.”
Alvarado subrayó que las policías municipales han perdido recursos y capacidades; la administración policial ha estado sujeta a cambios constantes, no solo por su uso político, sino también por las modificaciones en los modelos de trabajo policial.
Desde enero de 2009, se introdujo la responsabilidad directa de los tres niveles de gobierno para profesionalizar sus cuerpos policiales mediante la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de que se establecen sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes tengan mandos sin la certificación correspondiente, Excélsior informó que los gobernadores nunca han cumplido con su obligación de reportar al Senado la situación de su fuerza policial, a pesar de que el mandato emana de la Constitución.
ENFOQUE MULTIFACÉTICO
Ante la creciente criminalidad en los municipios, los hombres de ciencia concluyeron que es necesario adoptar un enfoque multifacético.
Esto incluye combatir al crimen organizado, fortalecer las fuerzas policiales locales y mejorar la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.
“Hay muchas acciones que se deben tomar, pero para empezar, es fundamental contar con una estrategia clara de seguridad para combatir el crimen organizado”.
“Además, es necesario desarrollar capacidades a niveles estatal, municipal y central, para construir capacidades nacionales… La política de seguridad se ha centrado excesivamente en la federación, cuando esta es solo un componente del modelo de seguridad”, detalló Alvarado.
“La mayoría de los conflictos y delitos deben ser atendidos por las policías municipales y fiscales estatales. Ahí es donde se encuentran las mayores necesidades y carencias”.
Por su parte, Pérez Aguirre argumentó que sería necesario eliminar las fuerzas policiales municipales en favor de un mando unificado, aumentar los recursos para los municipios y limitar la reelección de alcaldes para reducir incentivos a la corrupción y la violencia.
“Debería considerarse una responsabilidad policíaca más allá del municipio. En muchos otros países, existen policías de proximidad que no dependen del municipio”, concluyó.
