Venta del proyecto Castor: La estrategia para garantizar autoabastecimiento de gas en España ha cambiado.
A España siempre le ha perseguido la preocupación en torno al gas natural. Hace más de 15 años sus principales fuentes eran Argelia y Rusia, pero para no ser dependiente energéticamente el Estado impulsó el proyecto Castor. Esta iniciativa surgió como una posible respuesta para afrontar estos desafíos y reducir la vulnerabilidad de la nación española ante posibles crisis energéticas. Sin embargo, un estudio confirmó que la inyección de gas del año 2012 provocó los terremotos de Castellón, por lo que un año después el ministro de Industria de ese momento ordenó su cierre. Ahora el Gobierno actual ha decidido venderlo por partes.
Un poco de contexto. El proyecto Castor fue promovido por el Gobierno de Zapatero y continuado bajo el Ejecutivo de Rajoy, siendo la constructora ACS, controlada por Florentino Pérez, responsable de la ejecución. La infraestructura fue gestionada por la concesionaria Escal UGS, una filial de ACS. Todo ello, lo explica cronológicamente una asociación ciudadana que ha denunciado el caso.
¿Cómo iba a ser? El proyecto Castor consistía en un almacén submarino de gas natural ubicado frente a la costa de Castellón, diseñado para almacenar gas en un yacimiento submarino a unos 1,700 metros de profundidad. Tenía la capacidad de almacenar aproximadamente 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas y constaba de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud, y una planta terrestre en Vinaròs.
Y vinieron los problemas… ¿Solo por los terremotos se clausuró? No, como ha explicado ElDiario.es la iniciativa tuvo unos cuantos desafíos desde el principio. Los motivos fueron diferentes, como su rentabilidad, su impacto ambiental y el hecho de que no resultó ser tan necesario como se había planteado inicialmente, dada la gran capacidad de las regasificadoras de gas en España. Ante esta situación, se intentó vender el proyecto en busca de algún tipo de solución económica. Sin embargo, no encontraron una solución al problema, por lo que finalmente la empresa ACS lo abandonó y se inició el proceso de desmantelamiento.
Una década del fiasco del Castor. Diez años después, el Proyecto Castor sigue siendo un ejemplo claro de fracaso multimillonario. El almacén submarino de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona solo llegó a operar en pruebas y nunca alcanzó su plena funcionalidad. El resultado es conocido: una infraestructura inservible y un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente, acompañado de una cascada de litigios judiciales sin que se haya identificado a los responsables.
Cierre definitivo. Como han adelantado diferentes medios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que el desmantelamiento del almacén submarino comenzará en mayo tras el sellado de los trece pozos submarinos. Además, se venderá lo que se pueda recuperar del proyecto para reducir las pérdidas, que están cifradas en unos 260 millones de euros.
¿Por qué esa cifra? Todo comienza durante el gobierno de Rajoy en 2014, que se aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones de euros para la constructora ACS a través de un real decreto-ley. Sin embargo, esta compensación, que debería pagarse durante 30 años a través de la factura del gas, fue declara inconstitucional en 2017, lo que paralizó los pagos a las entidades financieras. Finalmente, el Estado tuvo que endeudarse para indemnizar a la banca.
Comenzaron los litigios. Durante esos años, las instalaciones han costado más de 100 millones de euros desde hace más de 11 años, cuando la concesionaria Escal UGS renunció al proyecto. No obstante, la Audiencia Nacional ha obligado a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS, a devolver 209,7 millones de euros en «retribución financiera» que cobró entre 2014 y 2017, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló los pagos. Sin embargo, está por ver si la empresa cumplirá con esta obligación, ya que Escal UGS entró en concurso de acreedores en 2019. En cuanto a la derivada penal, en 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a sus directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, un hecho que subraya la falta de responsables por el fiasco.
Un clásico ejemplo de socialización de pérdidas. El Proyecto Castor es un ejemplo de «socialización de pérdidas», donde las consecuencias del fracaso recayeron sobre el contribuyente, mientras que las entidades financieras, que habían adelantado dinero a cambio de cobrarlo con intereses durante 30 años, fueron compensadas por el Estado. A pesar de las controversias, la empresa ACS se benefició de esta indemnización, a pesar de que su presidente, Florentino Pérez, declaró que el proyecto fue una «desgracia» para su empresa, que representaba solo el 1% de la facturación de ACS.
Un gran error legislativo. Así fue señalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como uno de los más costosos en el sector energético, concentrando más de la mitad de las indemnizaciones pagadas por el Estado en los últimos años. Este caso ha evidenciado la necesidad de realizar estudios más rigurosos sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos, especialmente cuando involucran riesgos geológicos o impactos en comunidades locales. Además, ha puesto en evidencia la importancia de una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de fondos públicos.
