En NL, solo el 1% de los asesores inmobiliarios está registrado, según AMPI.
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Monterrey.- En Nuevo León, aproximadamente el 1 por ciento de los asesores inmobiliarios está asociado a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), lo que dificulta garantizar seguridad jurídica a quienes desean adquirir una propiedad.
Según Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la AMPI Monterrey, en la región hay cerca de 15 mil asesores, pero solo aproximadamente 180 están afiliados a la asociación.
Alertó que acudir con un asesor no afiliado aumenta el riesgo de caer en fraudes, con prácticas como la venta de propiedades sin seguridad legal, preventas no autorizadas, entre otros problemas.
“Se expone a que te vendan algo sin certeza, como en las preventas. Nosotros, por ejemplo, hacemos un investigación exhaustiva de quién es el desarrollador antes de permitir que los socios de AMPI comercialicen ese desarrollo”, explicó.
Los datos indican que el 99 por ciento de los asesores operan en el estado sin cumplir con los criterios de profesionalismo, ética y regulación que pide la AMPI, según Escobedo Garza.
Entre los criterios se incluyen la verificación de desarrolladores, el uso de contratos conforme a la normativa federal, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la protección de datos personales y la adherencia a la Ley Antilavado.
“Toda esa reglamentación debe ser respetada, y la solicitamos para ser socio de AMPI. Sin ella, no puedes ser parte. Por eso, muchos no se afilian”, añadió.
El presidente de la AMPI Monterrey resaltó la importancia de tener asesores que cumplan con esta reglamentación, especialmente porque en los últimos tiempos han llegado al estado desarrolladores de otras partes del país, lo que requiere de profesionales que los analicen adecuadamente.
A pesar de esto, mencionó que la afiliación depende de la disposición de cada asesor para cumplir con los estándares que exige la asociación.
Ante esta situación, mencionó que la AMPI trabaja de manera continua en la capacitación de sus miembros, fomentando buenas prácticas y garantizando que cada operación se efectúe dentro de un marco legal estricto.
