La compleja trayectoria que impulsó la reforma judicial: es necesario corregir el error.
Debido a una aprobación apresurada en medio de protestas por la independencia del Poder Judicial, la reforma que permitió el voto popular presenta un error visible en la Constitución.
El sexto párrafo del artículo 97 establece que los ministros seleccionarán al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que el artículo 94 indica que este cargo será determinado por el voto popular.
Esta contradicción necesita ser resuelta urgentemente este verano en un periodo extraordinario del Congreso, ya que ninguna de sus cámaras se percató de esta antinomia, que genera confusión y dificulta la interpretación y aplicación de la ley.
Hace 11 días, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron, con el respaldo de Morena, PVEM y PT, un dictamen para eliminar el sexto párrafo del artículo 97. Sin embargo, aún debe ratificarse por el pleno de San Lázaro, el Senado y al menos 17 congresos locales.
Durante el debate en la mencionada comisión el 20 de mayo, los legisladores de seis fuerzas políticas recordaron los mismos argumentos que se usaron el 3 y 4 de septiembre de 2024, cuando se refugiaron en el Deportivo de la Magdalena Mixhuca para aprobar la reforma al Poder Judicial.
VENGANZA CONTRA DEMOCRACIA DEL PUEBLO
Al defender la reforma, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, argumentó que esta iniciativa era una respuesta a “la injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo”, dado que “en el Congreso no se logró una mayoría calificada para reformas clave”.
La diputada del PAN, Margarita Zavala, resumió: “Esto no es solo una reforma, sino una venganza. Se trata de un despido masivo en el Poder Judicial que afecta a quienes llevan años en su labor”.
El representante del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, replicó: “Detrás de la designación tradicional en el Poder Judicial hay acuerdos entre elites que han impuesto jueces afines a sus intereses, descuidando el bienestar popular”.
Por su parte, el diputado del PRI, Yerico Abramo, advirtió que la reforma atenta contra la independencia del Poder Judicial, alineando sus modificaciones a la ideología del Poder Ejecutivo, lo que podría poner en peligro el futuro democrático del país.
El PT, representado por Lilia Aguilar Gil, cuestionó a la oposición: “El pueblo nos dio 36 millones de votos; ustedes no alcanzan ni 16. La gente votó por esta reforma porque desea un cambio en el Poder Judicial”.
La diputada del Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, afirmó: “No seremos cómplices de la venganza política del gobierno ni sacrificaremos las cualidades profesionales de los jueces por la obediencia al poder”.
LEGISLAR ENTRE PROTESTAS
La sesión, que duró casi 24 horas, no se llevó a cabo en la Cámara de Diputados debido al bloqueo por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes se manifestaron contra lo que consideran un ataque a la autonomía judicial.
Las protestas de jueces y magistrados continuaron, hasta que los senadores de Morena lograron romper la oposición cooptando a senadores del PAN.
Las expectativas de que la reforma fuera detenida en la Cámara Alta disminuyeron cuando Morena alcanzó la mayoría calificada necesaria para proceder con las reformas constitucionales.
Así, en medio de disturbios y protestas, se aprobó la reforma en el Senado, y en menos de 48 horas, los congresos estatales se sumaron, culminando con la promulgación el 15 de septiembre, justo antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara su cargo.
JOYA DEL PLAN C
La inconformidad del presidente condujo al plan C, un conjunto de reformas cuyo objetivo sería sustituir a los miembros de la SCJN con ministros electos por el pueblo.
Desde 2019, los intentos por tener un Poder Judicial favorable al gobierno se hicieron evidentes, incluyendo presión para renuncias en la Corte. El exministro Eduardo Medina Mora dejó su puesto gracias a acusaciones de irregularidades.
En 2021, López Obrador intentó extender el mandato de Zaldívar, que fue declarado inconstitucional por la Corte, aunque tuvo el apoyo inicial de varios ministros.
Esta crisis de legitimidad resultó en la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte el 2 de enero de 2023.
A finales de 2022, surgieron acusaciones sobre Yasmín Esquivel, quien había sido promovida por López Obrador. Esto debilitó aún más su influencia sobre el Poder Judicial.
Como resultado de su frustración, el presidente diseñó el plan C con 20 iniciativas, enviándolas al Congreso el 5 de febrero de 2024.
ANIMADVERSIÓN CON HISTORIA
López Obrador se comprometió a convertir el plan C en parte de su campaña, instando a su coalición a ejecutarlo en el siguiente sexenio.
Las críticas del presidente hacia la SCJN fueron constantes a lo largo de su mandato, especialmente cuando algunos de sus ministros no apoyaron sus reformas.
Su desconfianza hacia la SCJN empezó desde su primera campaña presidencial, fortaleciéndose por incidentes como la intervención del ministro Mariano Azuela en intentos de quitarle el fuero.
A pesar de promesas de respetar la independencia del poder judicial al asumir el cargo, el Plan C reveló un cambio de postura tras cinco años de gobierno.
“ME EQUIVOQUÉ”
Al inicio de su administración, el presidente confió en Zaldívar para implementar su agenda. Sin embargo, tras negarle extender su mandato, expresó su desánimo por no poder reformar efectivamente el Poder Judicial.
Reconocí que esperaba proponer a ministros, pero me equivoqué al pensar que apoyaría el proyecto transformador.
Su descontento creció, particularmente al discutir la prisión preventiva oficiosa, donde acusó a funcionarios de actuar en contra del interés público.
Con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, su relación se deterioró, marcado por dudas sobre su capacidad para enfrentar los planes del presidente.
*Arturo Zaldívar, ex ministro de la SCJN.
EL FACTOR ZALDÍVAR
A pesar de no conseguir que Zaldívar continuara en la Corte, su influencia fue crucial para el desarrollo de la reforma.
La cercanía entre López Obrador y Zaldívar se hizo evidente. En diciembre de 2021, el presidente elogió la integridad del entonces presidente de la Corte.
Para 2024, con el plan C en marcha, pidió el apoyo de Zaldívar para transformar la SCJN, cuestionando la autonomía de los jueces tras la llegada de Piña.
A medida que escalaba el conflicto, Zaldívar se unió al equipo de Claudia Sheinbaum, quien había asumido la candidatura por Morena.
Finalmente, el 7 de noviembre de 2023, Zaldívar dejó su puesto como ministro para unirse al equipo de Sheinbaum, facilitando la llegada de una sustituta alineada con la Cuarta Transformación.
CAMPAÑA ELECTORAL Y 5 DE FEBRERO
Estos eventos coincidieron con la campaña de Sheinbaum, quien promovió la reforma diciendo:
Queremos que los ministros de la SCJN sean elegidos por el pueblo; para ello, debemos cambiar la Constitución.
Cuando se presentó el plan C al Congreso, su contenido ya era eje central de la retórica morenista.
El 5 de febrero del año pasado, el presidente volvió a resaltar que el pueblo puede purificar la vida pública, subrayando la necesidad de una mayoría calificada en el Congreso.
Mientras tanto, la presidenta de la Corte, Norma Piña, defendía la independencia judicial, pero con el anuncio del plan C, quedó clara la ruptura con el mandatario.
A partir de ese momento, López Obrador criticó abiertamente a la Corte, argumentando que estaba “al servicio de la delincuencia” y reiterando la importancia del voto popular para elegir jueces.
A medida que avanzaba el año 2024, la presidenta Piña se convirtió en el blanco de ataques durante foros organizados por diputados morenistas.
En junio y julio, los debates sobre las elecciones de jueces se centraron en las posibles desventajas, aunque la mayoría de los ministros expresaron su preocupación.
SIN MOVERLE UNA COMA
Sin embargo, en agosto, antes de finalizar la 65 legislación, se aprobó el dictamen de reforma en San Lázaro, el cual fue ratificado el 3 de septiembre en la primera sesión de la 66 legislatura sin alteraciones.
La falta de atención legislativa resultó en el error que aún necesita corrección.
Esto no es un simple error técnico; es una contradicción que muestra las consecuencias de una mayoría oficial impuesta sin diálogo.
La diputada del PRI, Nadia Navarro, advirtió que validar esta corrección sería legitimar un ataque al Poder Judicial.
Modificar esto es irrelevante; lo que realmente ayudaría a restaurar nuestras instituciones es reconocer que la elección para jueces ha sido un fiasco.
A pesar de estas advertencias, la diputada Katia Castillo defendió la necesidad de corregir la contradicción para evitar incertidumbre jurídica.
Una vez que se defina quiénes serán los futuros juzgadores, el Congreso deberá abordar este problema en el próximo verano.
