La Jufed advierte que la reforma responderá a sus patrocinadores, incluyendo al crimen.
Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la propuesta de reforma judicial en el Senado de la República tiene como objetivo principal favorecer a candidatos propuestos para complacer a sus patrocinadores, incluyendo al crimen organizado.
Durante la participación de la jueza Abigail Ocampo Álvarez en la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se alertó sobre las graves consecuencias que podría tener la aprobación de esta reforma en México.
La elección popular de jueces aumentaría el riesgo de que los candidatos busquen complacer a quienes los proponen, incluyendo al crimen organizado, lo que pondría en peligro la independencia y la imparcialidad en sus resoluciones
Se mencionó que esta reforma sería regresiva en términos de derechos humanos y laborales, y tendría como objetivo central concentrar los tres poderes de la Unión en una sola persona.
Desde 2018, el Presidente de la República ha realizado constantes ataques mediáticos y descalificaciones hacia los trabajadores del poder judicial, lo cual afecta su estado emocional y seguridad laboral.
Estos ataques generan tratos humillantes y afectan el equilibrio emocional, lo que incide en la toma de decisiones y en la operación del poder judicial
La jueza señaló que la aprobación de la reforma afectaría a más de mil 600 jueces federales, quienes perderían oportunidades de crecimiento profesional, además de que se les impediría ejercer la abogacía hasta pasados dos años, violando así su derecho al trabajo.
Además, las familias de los jueces serían afectadas indirectamente, tanto por los ataques mediáticos como por la pérdida de empleo, lo cual impactaría en su estabilidad económica y en sus derechos humanos.
La reforma también implicaría la pérdida de prestaciones de seguridad social, dejando a los jueces y sus familias sin acceso a servicios de salud y sin derecho a jubilación
En la reunión, Diego Valadés, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que si bien hay consenso en llevar a cabo una reforma judicial en el país, la propuesta actual presenta carencias y rezagos.
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cva
