Ayuso anuncia un recurso ante el tribunal supremo si el gobierno no evalúa el coste de la ley de eficiencia de la justicia
El enfrentamiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el de la nación está lejos de ser solo dialéctico. Gran parte de ese pulso se viene librando en los tribunales. Y desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se plantea abrir un nuevo frente, esta vez a cuenta de la Ley de Eficiencia de la Justicia. El pasado 10 de abril la Comunidad envió un requerimiento formal al Ministerio de Justicia para que evaluara el coste de aplicación de esta ley para las comunidades autónomas. Si el próximo sábado 10 de mayo, no se ha recibido respuesta, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso administrativo contra dicha ley ante el Tribunal Supremo.
Ha sido la propia presidenta regional la que lo ha anunciado durante la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyas obras comenzarán el próximo verano. Ayuso se ha mostrado muy crítica con una norma contra la que ya su consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha arremetido en diversas ocasiones. El pasado abril las comunidades del PP plantaron al ministro Bolaños en la Conferencia de Justicia, según se dijo entonces desde Madrid, por no incluir en el orden del día de la reunión, sobre esta ley, un punto específico para abordar su financiación.
Hoy Ayuso ha vuelto a la carga contra una ley que ha definido como «un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes«. La dirigente madrileña entiende que esa reforma judicial supone un intento de manejo del Poder Judicial. «Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva».
La norma pretende agilizar la gestión en los juzgados con cuestiones como la obligación de acudir a órganos de mediación antes de presentar una demanda judicial en matera civil o mercantil, por ejemplo en un divorcio. Desde el Gobierno regional se considera, en cambio, que oculta otro propósito. Así lo ha verbalizado hoy su presidenta. «Vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos», ha dicho, «se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces«.
Ayuso ha señalado también que esta reforma llega sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas. «Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan. Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes», ha señalado para justificar la decisión de ir al Supremo si no hay respuesta a su requerimiento desde el ministerio que dirige Félix Bolaños.
De concretarse el recurso ante el Tribunal Supremo, se sumaría a otros procesos que la Comunidad mantiene con el Gobierno central. Entre ellos, sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. El último de ellos, de cuya admisión a trámite por parte del tribunal de garantías informó Sol la semana pasada, se dirige contra la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados desde comunidades con sus sistemas de acogida tensionados. Además, Madrid ha recurrido ante el Constitucional la declaración de la Real Casa de Correos, sede de su gobierno y en el pasado de la Dirección General de Seguridad, como Lugar de Memoria Democrática.
