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PL propone iniciativas para que las empresas hagan más en la lucha contra el desperdicio de alimentos.

La sociedad civil alerta sobre la nueva política nacional para combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos en beneficio de intereses comerciales

Promover el uso de alimentos que, de otro modo, terminarían en la basura es, en teoría, admirable, sobre todo en un país que pierde 55 millones de toneladas de los 161 millones de alimentos producidos anualmente, según la FAO.

Este es el objetivo del Proyecto de Ley (PL) 2.874/2019, ya aprobado por el Congreso. Sin embargo, el texto que establece la Política Nacional de Combate a la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PNCPDA) presenta riesgos. Según expertos, la propuesta podría facilitar que la venta de productos ultraprocesados se convierta en un beneficio fiscal para las empresas.

Aprobado con urgencia el 10 de septiembre por la Cámara, el texto ahora espera la sanción presidencial. Un informante anónimo vinculado al gobierno comentó que la falta de formalidades fue resultado de una estrategia de la coalición Pacto contra la Hambre, que recibe financiamiento de grandes compañías como Ambev y Grupo Carrefour.

¿Quién es Geyze Diniz?

El Instituto Pacto Contra la Hambre presenta el documento “De la Política al Plato” en el Congreso. (Crédito: Kayo Magalhães/Cámara de Diputados)

Geyze Diniz, economista y cofundadora del Pacto Contra la Hambre, ha entregado una Agenda Legislativa para combatir la hambre y el desperdicio, seleccionando siete proyectos prioritarios de 1.915 propuestas en trámite.

El PL propone incentivos fiscales para las empresas que donen alimentos, contemplando una deducción que podría duplicar las donaciones, actualmente en torno a 120,000 toneladas al año. Aunque parece positivo, esta generosidad se asocia con beneficios financieros.

La medida, que beneficiaría especialmente a grandes cadenas de supermercados, podría representar un costo fiscal significativo que afectaría a programas gubernamentales dedicados a la lucha contra la hambre. Esto ha suscitado críticas de organizaciones que argumentan que prioriza el interés privado sobre el bien social, creando un modelo dependiente de donaciones de excedentes en lugar de atender las causas estructurales de la inseguridad alimentaria.

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En resumen, mientras que el PL busca combatir el desperdicio, especialistas advierten que la política puede exacerbar las desigualdades y no abordar adecuadamente las verdaderas raíces de la problemática alimentaria en el país.

Con información de O Joio e O Trigo

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