Radiografía: Instituciones no logran profesionalizar a los policías
Independientemente del partido político, tanto los gobernadores como los presidentes municipales han acumulado 16 años de incumplimientos de su deber establecido en la Constitución y en las leyes pertinentes para la profesionalización de sus cuerpos policiacos. En lugar de avanzar, han aumentado su dependencia del Ejército mexicano para roles en seguridad pública.
Los gobernadores nunca cumplieron con la obligación de informar al Senado sobre el estado de su fuerza policial, a pesar de que esta obligación surge de la propia Constitución.
Desde el 2 de enero de 2009, cuando se estableció la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se fijó la responsabilidad directa de los tres niveles de gobierno en la profesionalización de los cuerpos policiacos. La norma imponía una pena de dos a ocho años de prisión para aquellos que emplearan a policías sin la certificación adecuada y se otorgó a los gobernadores un plazo de cuatro años para profesionalizar a su personal.
GOBIERNO FEDERAL IMPLEMENTA NUEVAS MEDIDAS PARA EXIGIR CUMPLIMIENTO
Sin embargo, a finales de 2012, poco antes de que venciera el plazo de cuatro años, se modificó la ley extendiendo un año adicional. A pesar de ello, en enero de 2014, los gobernadores no cumplieron y no enfrentaron el castigo estipulado.
Actualmente, el gobierno federal busca un nuevo mecanismo para forzar su cumplimiento: aquellos que requieran apoyo del Ejército tendrán que comprometerse a fechas específicas para poder contar con la colaboración de la Guardia Nacional.
En diciembre de 2008, el Senado incluyó en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad un plazo de cuatro años para garantizar cuerpos policiacos confiables, libres de corrupción, advirtiendo que las autoridades que contratan elementos con antecedentes delictivos enfrentarían hasta ocho años de prisión.
Los niveles de gobierno federales, estatales y municipales debían implementar, en el plazo de un año, mecanismos para certificar la confiabilidad y eficiencia de los cuerpos de seguridad, con sanciones de hasta cuatro años de prisión para quienes no lo hicieran, ya que el objetivo legislativo era crear un sistema de seguridad que realmente proteja a la población.
El artículo Tercero transitorio especificaba que “de manera progresiva y en un plazo de cuatro años desde la vigencia de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, a través de los centros de evaluación y control de confianza, deberían evaluar a sus integrantes según lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus leyes y el calendario avalado por el Consejo Nacional”.
El Cuarto transitorio afirmaba que “todos los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con la certificación mencionada en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los plazos previstos. Quienes no logren obtener la certificación serán retirados del servicio”.
A medida que avanzaron los años, los gobernadores no lograron cumplir con esta obligación legal, que estipulaba como fecha límite el 2 de enero de 2013 para la profesionalización total de sus cuerpos policiacos.
Hacia finales de 2012, el entonces senador priista Omar Fayad presentó una reforma al Cuarto transitorio para extender el plazo a los gobernadores.
Los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, dentro de un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este Decreto, deberán obtener la certificación por los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio.
Para los propósitos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto que crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, la separación del servicio se llevará a cabo una vez que expire el plazo a que se refiere este artículo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá comparecer ante el Senado para informar sobre el progreso del Programa seis meses después de la entrada en vigor de este Decreto”, pero nada de esto se realizó.
El febrero de 2019 marcó la vigencia de la Ley de la Guardia Nacional, que incorporó en su régimen transitorio las obligaciones para que los gobernadores y alcaldes cumplieran con la profesionalización de sus cuerpos policiacos. Se preveía que los militares retornaran a los cuarteles en 2018, pero no se cumplió y se optó por una nueva reforma.
En septiembre de 2022, el Congreso de la Unión resolvió que el regreso de los militares a sus cuarteles será en 2028, pero estableció la obligación de los gobernadores de reportar al Senado sus avances en la profesionalización de los cuerpos policiacos.
Sin embargo, el 25 de septiembre de 2023, desde la Comisión Bicameral que revisa el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, el partido Morena impulsó que se comprometiera a una reforma para la militarización de la Guardia Nacional de manera indefinida, ya que no hay certeza sobre cuándo volverán los militares a los cuarteles, debido a que los gobernadores han ignorado la obligación de informar sobre la profesionalización de sus policías.
En efecto, los gobernadores nunca han presentado al Senado el informe sobre el progreso en la profesionalización de sus cuerpos policiacos, a pesar de que así lo manda la Constitución.
NUEVA LEY PROMUEVE QUE ESTADOS FIRMEN COMPROMISOS DE PROFESIONALIZACIÓN
Con un nuevo esfuerzo para garantizar que los gobernadores y alcaldes cumplan, la nueva Ley de la Guardia Nacional que está por ser aprobada por el Congreso de la Unión, establece que los gobernadores y alcaldes que soliciten asistencia tendrán que asumir formalmente por escrito el compromiso de profesionalizar a sus policías, con plazos definitivos para cumplir, según lo estipulado en la nueva Ley de la Guardia Nacional propuesta por la Presidenta de la República.
Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que corresponderán a la Guardia Nacional y a las autoridades estatales y municipales se definirán en convenios de colaboración que se firmarán entre el secretario (de Defensa), el jefe del Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente y, si aplica, los presidentes municipales.
Los convenios establecerán las condiciones y términos para la finalización de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional, asegurando que las instituciones de seguridad pública locales asuman totalmente tales responsabilidades.
Asimismo, se creará un programa que refuerce técnica, operativa y financieramente a las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios, incluyendo objetivos, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como indicadores de progresos y metas que permitan a estas instituciones cumplir con sus funciones y responsabilidades. Para esto, se deberán incluir las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos tanto federales como estatales”, añade.
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