La mortalidad por obesidad aumenta: más mujeres afectadas por esta condición.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se propuso aumentar el monto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, especialmente para bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. La evidencia indica que estos impuestos tienen un efecto positivo en la reducción del consumo; sin embargo, esto no es suficiente para abordar el problema estructural vinculado a la morbilidad y mortalidad asociada a la obesidad y el sobrepeso.
LOS DATOS
El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud estima que, para la semana 37 de 2025, que cierra el 17 de septiembre de ese año, se habrían atendido en el país 491,979 personas por obesidad en diferentes centros de salud del Sistema Nacional de Salud. Esta cifra representa un aumento del 5.7% en comparación con las 465,422 personas atendidas por la misma problemática en el mismo periodo del año anterior.
Dentro de este total, sorprende que 323,045 sean mujeres y 168,934 hombres, lo que implica que hay un 91% más de casos en mujeres. No obstante, este dato debe interpretarse con precaución, ya que aunque se registra un mayor número de mujeres con obesidad, esta diferencia no es tan marcada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
Es un hecho que la ENSANUT 2023 identificó que, entre niñas y niños de 1 a 4 años, el consumo de bebidas azucaradas alcanza el 80.6%, mientras que el consumo de botanas y dulces es del 54.8%. En la población escolar de 5 a 11 años, el consumo de bebidas edulcoradas fue del 86.1% y del 55.9% en el caso de botanas y alimentos no recomendables.
En la población adolescente de 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 38.1%. En este grupo, el consumo habitual de bebidas azucaradas es del 90.6%, superando al consumo de agua, que es del 83.2%.
Por otro lado, la población adulta de 20 años en adelante presenta una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 76.2% (con 76.3% en mujeres y 76.2% en hombres), y un 73% de consumo de bebidas azucaradas.
UNA CRECIENTE MORTALIDAD
Es bien sabido que la diabetes y la hipertensión son las principales causas de mortalidad en el país. Sin embargo, el INEGI también estima el número de fallecimientos directamente atribuibles a la obesidad y otros trastornos relacionados con la alimentación.
De este modo, entre 1998 y 2009, se registraron 11,148 muertes por estas causas, lo que equivale a un promedio anual de 929. Para el periodo de 2010 a 2014, el total fue de 6,340 muertes, promediando 1,268 anuales; de 2015 a 2019, se registraron 6,444, o 1,289 por año. Entre 2020 y 2024, las cifras subieron a 10,186 fallecimientos, con un promedio anual de 2,037 (58% más que en el periodo anterior).
DESIGUALDADES TERRITORIALES Y DE GÉNERO
Como se observa en el gráfico, las mujeres son el grupo más afectado en casi todas las entidades, con cifras alarmantes en el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, que presentan decenas de miles de casos en una sola semana. Esto indica que la obesidad ha emergido como un problema de alta prioridad para los sistemas de salud, generando una presión estructural sobre los servicios médicos. Además, la desigualdad territorial sugiere que factores socioeconómicos, culturales y ambientales impactan directamente en la prevalencia del problema, lo que exige políticas públicas regionalizadas que integren prevención, educación alimentaria y entornos más saludables. Así, el fenómeno trasciende lo clínico y se convierte en un reto social urgente que requiere una estrategia integral y sostenida.
UNA CAUSA DE MUERTE EN ASCENSO
El gráfico ilustra de manera contundente la magnitud de la epidemia de obesidad en México. Los datos muestran que las muertes directamente atribuibles a la obesidad y a los trastornos por hiperalimentación han incrementado consistentemente, alcanzando picos preocupantes entre 2020 y 2021, con una posterior estabilización aún en niveles elevados en comparación con años anteriores. Esta tendencia pone de manifiesto que la obesidad se ha convertido en una causa de muerte en sí misma, lo que obliga a revisar las políticas públicas en salud y desarrollo social. La solución al problema no se limita a la atención clínica; es crucial implementar intervenciones estructurales que garanticen acceso a alimentos saludables, regulen la publicidad nociva, fortalezcan la educación nutricional y creen entornos urbanos que fomenten la actividad física.
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